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San Salvador Atenco, Méx.— A 20 años de los hechos violentos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, el Estado mexicano incumplió las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de reparación del daño integral, entre otros puntos, denunciaron las víctimas de la represión.
Algunos de los habitantes de esa región enfrentan secuelas físicas, sicológicas y económicas de las agresiones y del encarcelamiento por delitos fabricados de las autoridades federales y mexiquenses, por lo que exigen que se cumplan las recomendaciones internacionales.
La mañana del 3 de mayo de 2006, la policía municipal de Texcoco desalojó con violencia a un grupo de vendedores de flores afuera del mercado Belisario Domínguez, ubicado en el centro, lo que desencadenó enfrentamientos. Al día siguiente, el 4 de mayo, elementos de la Policía Federal Preventiva, estatal y municipal irrumpieron en domicilios y calles de San Salvador Atenco.
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Por esas confrontaciones dos personas murieron, Javier Cortés, de 14 años, de un disparo de arma de fuego de un policía estatal, y Alexis Benhumea, estudiante de la UNAM, quien falleció días después por heridas ocasionadas del cartucho de gas lacrimógeno que arrojaron los uniformados y golpeó su cabeza. Más de 200 personas resultaron detenidas. Decenas de mujeres sufrieron violencia sexual durante los traslados en camionetas policiales.
Inés Rodolfo Cuéllar Rivera fue uno de esos detenidos. Las fuerzas de seguridad lo sacaron de una casa en Texcoco junto con otros floristas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, agrupación campesina que se creó para evitar la construcción del aeropuerto internacional en Texcoco.
Lo golpearon y lo trasladaron a un centro de reclusión. “Estuve cuatro años, dos meses encerrado. Los días adentro resultaron amargos”, relató.
“Una vez que salgo, queda uno con secuelas porque nos torturaron, nos golpearon, me quedó un mareo permanente, desarrollé diabetes tipo 2, sufrí daño sicológico y físico en el cuerpo. La casa de donde me sacaron quedó destruida”, narró.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció en su momento violaciones a derechos humanos, pero no señaló con nombre y apellido a los responsables.
“Los ministros reconocieron que hubo violaciones, pero no se atrevieron a señalar con nombre y apellido. Nosotros hacemos responsables a Vicente Fox como presidente de México, a Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México y a Nazario Gutiérrez Martínez como presidente municipal de Texcoco”, acusó.
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“El Estado mexicano no cumplió las resoluciones de la Corte Interamericana respecto a la tortura física y sicológica sufrida por los detenidos, incluido el delito de tortura sexual contra las mujeres. Ese delito no prescribe”, señaló Inés Rodolfo, quien es abogado.
Édgar Eduardo Morales Reyes tenía 18 años cuando lo capturaron. Regresaba a su casa en la comunidad de Tocuila, en el municipio de Texcoco, después de acudir a clases a la preparatoria cuando pasó por la carretera Texcoco-Lechería, donde se registraron varios enfrentamientos entre policías y residentes de la región.
No pertenecía al FPDT ni a ninguna otra agrupación política y social. Lo acusaron de secuestro equiparado, ataques a las vías generales de comunicación y delincuencia organizada. Lo golpearon, torturaron y después de un proceso legal viciado de inicio en el que no hubo pruebas en su contra lo sentenciaron a 31 años, 10 meses y 15 días de cárcel.
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Estuvo recluido cuatro años y dos meses, uno en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y más de tres en el del Molino de Flores de Texcoco. Al salir tenía 22 años. “Haz de cuenta que dejaste de existir. Te cambió la vida, te arruinaron parte de tu vida”.
“El Estado mexicano no ha cumplido con nosotros en nada, apenas nos brindaron atención médica, pero luego no hay medicamentos en el Hospital de Atenco, seguimos esperando justicia”, dijo.
Alejandro Pilón Zacate, originario de Chiconcuac, practicaba ciclismo y necesitaba refacciones. Al llegar a la carretera Texcoco-Lechería, los enfrentamientos ya ocurrían. Un grupo de policías cerró el paso y lo detuvo para una revisión. Un granadero señaló que Alejandro había golpeado a policías. Lo derribaron y patearon. “Yo sólo iba pasando en mi bicicleta. No soy del FPDT ni pertenezco a ningún movimiento”, afirmó.
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Lo subieron a una camioneta. Durante el trayecto continuaron los golpes. En la entonces subprocuraduría de Texcoco permanecieron arrodillados tres horas. “Nos pateaban la cabeza, las nalgas, las piernas. Incluso secretarias con tacones nos pegaban en la cabeza”.
Permaneció preso más de cuatro años. Lo acusaron de delincuencia organizada, secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación. Tenía 28 años; al salir del penal, 32. Hoy, con 48, vive con secuelas. Su familia vendió propiedades para pagar abogados. Desarrolló dolores crónicos de espalda por un coletazo, migrañas frecuentes, lesiones en rodillas, pérdida progresiva de la vista, hipertensión y trastornos estomacales por el estrés.
Bonifacio Ruiz Ayala estuvo 17 días en la cárcel. Lo detuvieron mientras compraba flores en el mercado de Texcoco. Ahora tiene 73 años y su demanda sigue vigente. “El Estado mexicano no ha cumplido con la reparación del daño. Nadie en los tres niveles de gobierno ha respondido. Hemos tocado puertas, pero nomás se echan la pelotita uno al otro. Queremos que traigan a Enrique Peña Nieto y que responda por lo que hizo”.
“Aún recuerdo los gritos de las mujeres en los camiones: ‘ya no, por favor’. Les metían los toletes los policías cuando nos llevaban en los camiones detenidos a Toluca. Exigimos que se cumpla la recomendación internacional de reparar el daño”, insistió.
A Ulises Noriega lo detuvieron de manera violenta en su casa de Atenco la madrugada del 4 de mayo. Ya no formaba parte del FPDT y no estuvo en los enfrentamientos del 3 de mayo. Tenía 19 años. Estuvo 15 días preso, pero sujeto a proceso judicial dos años en Toluca.
También fue tundido a golpes, torturado y amenazado por los policías. Lo acusaron de delincuencia organizada y ataque a las vías generales de comunicación. “Estamos en lucha. Ahora recibimos atenciones médicas, pero insuficientes. Estamos viendo algunas lucecitas, pero las autoridades no han cumplido con la reparación del daño que nos hicieron”, expresó.
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En 2018, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano por violaciones graves, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y tortura sexual contra 11 mujeres. La sentencia ordenó la reparación integral del daño.
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cdm
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