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El hoy exconsejero electoral Jaime Rivera considera que, si el árbitro en el juego de las elecciones se subordina ante una fuerza política o el gobierno en turno, “la democracia queda en entredicho”. Ante la historia democrática de México, el académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo advierte que el país no puede permitirse una crisis democrática como la vivida en 1988.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Jaime Rivera admite que la situación actual del Instituto Nacional Electoral (INE) le preocupa como académico y como mexicano. “La falta de colegialidad en la toma de decisiones le está afectando al instituto”, dice, sobre todo, a nivel de legitimidad de sus fallos con los partidos políticos.
Sobre el conocido como “plan b” de la reforma electoral impulsada desde el gobierno, Jaime Rivera advierte que tuvieron que incluirse mayores controles para evitar la entrada de dinero ilegal a las campañas electorales y es un pendiente corregir la redacción de la Constitución donde se abrió la puerta a la sobrerrepresentación en el Congreso.
¿Qué cambió en el INE en los 9 años que usted estuvo, qué cambió en la democracia en México?
Empiezo por lo que no ha cambiado: el diseño institucional del INE, constitucional y legalmente sigue casi igual. Es decir, es un organismo autónomo que tiene un servicio profesional electoral muy sólido, un servicio de carrera que tiene gran experiencia y capacidad para organizar elecciones. Eso, por fortuna, no ha sido cambiado.
Sin embargo, el INE no solo organiza elecciones, también hace arbitraje entre los contendientes. Arbitra las competencias y las controversias. Y para ello necesita un árbitro que sea imparcial e independiente, que sea independiente de los partidos y del gobierno y, algo muy importante, es que tenga una dirección colegiada.
En este último aspecto, el de ser un órgano colegiado y sus unidades técnicas, el INE está algo debilitado. Debilitado porque un colegiado necesita deliberar, pero también tomar acuerdos y actuar unidos. Eso se ha dificultado mucho en los últimos años.
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¿Qué previsión tiene del proceso de selección de los nuevos consejeros?
Deberían ser elegidos por el consenso más amplio posible, pluripartidista, porque en una competencia es muy importante que las reglas del juego sean aceptadas por todos y que los árbitros sean aceptables para todos los jugadores. Eso se logra con un acuerdo amplio entre gobierno y oposición o entre todos los partidos que están representados en la Cámara de Diputados.
El proceso debe garantizar un Consejo General equilibrado y en el que puedan confiar todos los contendientes porque es la mayor garantía de legitimidad. Si, en cambio, se crea un órgano un línea con una dirección sesgada, se van a deslegitimar las elecciones y, quizás, el primer perjudicado va a ser el partido en el poder. México no puede permitirse repetir la crisis de legitimidad que hubo en 1988. Eso no debe repetirse jamás.
¿Qué riesgo para la democracia podría haber si el INE se carga más hacia un lado de la balanza?
Si el árbitro no es imparcial, si el árbitro depende de una sola fuerza política o el árbitro se subordina a alguno de los contendientes, la democracia queda muy en entredicho o podríamos volver a la época en que había elecciones sin garantías de equidad y de limpieza. Como cuando las elecciones las organizaba el gobierno, no había imparcialidad y limpieza suficientes.
Por la experiencia histórica de México, es muy importante contar con una autoridad electoral autónoma, con integrantes independientes de cualquier partido y con una dirección colegiada para deliberar en público, votar en público, decidir en público y hacerlo con apego a la ley y, además, con posibilidades de que sus decisiones sean revisadas por el Tribunal Electoral.
¿Cuál fue uno de sus mayores retos como consejero electoral?
Una de las comisiones que presidí durante dos periodos largos fue la de fiscalización, que tiene la tarea muy importante para vigilar los ingresos y los gastos de los partidos, que los ingresos sean legales y que los gastos tengan un destino conforme a la ley. Esta es una tarea muy complicada porque hay partidos, quizá todos, que tratan de financiarse no solo con el dinero legal y gastar sin que se les fiscalice todo.
Otro momento fue cuando a finales del 2022 se intentaron los planes de reforma que prácticamente subordinaban al INE, le quitaban en facultades y lo desarmaban, le cortaban las piernas y los brazos con los que organiza las elecciones. Eso fue una gran amenaza, pero nos unimos los 11 consejeros en defensa del INE y esa fue una batalla que ganamos con una controversia constitucional.
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¿Qué se omitió en la reforma del “plan b” que usted consideraría esencial?
En el tema de fiscalización no hubo un cambio grande, se pone en la ley algo que ya existe. Así es. Y el tema de las elecciones judiciales: no deben hacerse simultáneamente a las elecciones de cargos políticos. Eso es un grave error, es gravísimo.
Finalmente, debió corregirse la ambigüedad que hay en la Constitución desde 2009 respecto a los límites de la sobrerrepresentación, debió decirse claramente que donde dice ‘partido se entiende por coalición’ cuando hay partidos aliados, para que no haya una sobrerrepresentación que en el espíritu de la Constitución no existe.
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