Jufed acusa incongruencia de la Corte; exige aplicar a jueces el mismo criterio de protección familiar

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) hizo un llamado urgente a la congruencia e integridad constitucional, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó una resolución referente a la suspensión provisional del cambio de adscripción de servidores públicos cuando éste afecte de manera indiciaria el interés superior de la niñez y el entorno familiar.

A través de un comunicado, acusó que la determinación resulta contradictoria y profundamente inequitativa, ya que los mismos principios de protección integral a la familia y no afectación al entorno social que actualmente se velan en las controversias del Alto Tribunal fueron completamente omitidos e ignorados al momento de aprobar e implementar la reforma al Poder Judicial de la Federación.

“Al promover y avalar la destitución masiva de personas juzgadoras, las autoridades competentes demostraron que lo que menos les importó fue la afectación a las familias en su conjunto, acotando la sensibilidad humana a discursos de coyuntura y desconociendo los derechos fundamentales de quienes integraban el Poder Judicial de la Federación al momento de la reforma y sus familias”, dijo.

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La asociación explicó que durante décadas las juzgadoras y juzgadores federales asumieron el compromiso constitucional de moverse de adscripción a lo largo de la República a decisión del entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF), “sacrificando la posibilidad de elegir voluntariamente en dónde vivir”.

“Frente a esa entrega, la reforma judicial destruyó de un plumazo este proyecto de vida y estabilidad familiar, cesando de manera arbitraria a juzgadores de carrera sin considerar que el impacto a la familia es integral; es decir, un cambio o cese intempestivo no sólo perturba a la niñez, sino que fractura el sustento de dependientes económicos, personas adultas mayores y la dinámica familiar consolidada tras décadas de labor”, expresó.

En ese sentido, expuso que si bajo los criterios del Máximo Tribunal la reubicación laboral genera un daño de difícil reparación en el núcleo familiar que amerita frenar actos de autoridad, “con esos mismos argumentos debió valorarse el daño mayúsculo que provocaba la destitución y el cambio de residencia obligatorio de las personas juzgadoras federales”.

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“Para JUFED, los derechos humanos y la protección a la familia no admiten selectividad ni aplicación parcial. Si la doctrina judicial de la SCJN reconoce la trascendencia del entorno familiar frente a las determinaciones administrativas de adscripción, exigimos que ese mismo criterio de impartición de justicia, empatía y sustento convencional sea aplicado para reconocer el atropello cometido contra las familias de las y los jueces y las y los magistrados de la Nación”, indicó.

“La justicia no puede valer para unos cuantos en el discurso, mientras en la práctica se despoja de sus derechos y proyecto de vida a quienes sirvieron con honor al Estado de Derecho”, concluyó.

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