Jueces acusan persecución por oponerse a reforma
“Es por dictar sentencias contra la reforma judicial”; procesos no son por corrupción o faltas administrativas, sino en represalia, aseguran juzgadores; anuncian que acudirán ante CIDH y ONU
A menos de un año de la instalación formal del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo concebido bajo la bandera de erradicar la opacidad y el nepotismo, defensores de derechos humanos y organizaciones de jueces advirtieron que la institución está siendo utilizada como brazo político para perseguir el criterio judicial. Hasta el momento, se tienen contabilizados más de 40 casos de personas juzgadoras que enfrentan procedimientos de responsabilidad administrativa y suspensiones provisionales del cargo, que, además, en su mayoría pertenecen a la carrera judicial.
En entrevista con EL UNIVERSAL, María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. (AMJAC), y magistrada en retiro afirmó que los procedimientos no obedecen a faltas administrativas reales ni a actos de corrupción, sino a una represalia directa por haber admitido juicios de amparo y concedido suspensiones en contra de la reforma judicial de 2024 o bien por aplicar controles de convencionalidad internacional en materias sensibles como la prisión preventiva oficiosa.
Los expedientes ya están siendo documentados para ser presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Fue el 15 de septiembre de 2025 cuando nació formalmente el Tribunal de Disciplina Judicial, tras la publicación de una reforma al Poder Judicial que había sido aprobada un año antes, el 15 de septiembre de 2024.
En la exposición de motivos de la reforma, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó la necesidad de sustituir las funciones de vigilancia del antiguo Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con el objetivo de combatir la corrupción, erradicar las redes de nepotismo y garantizar que los jueces cumplieran con tiempos procesales estrictos para agilizar la justicia penal y fiscal.
A casi un año de haber iniciado operaciones, representantes de los juzgadores afectados afirman que el tribunal se convirtió en el ejecutor de una “cacería de brujas judicial”.
Molina de la Puente, quien también es magistrada de Circuito en retiro, explicó que en el interior de la Asociación Mexicana de Juzgadoras tienen un registro de 41 juzgadores con procedimientos en curso, 40 de los cuales son perfiles formados dentro de la carrera judicial.
“Hay algunos casos en donde se sabe que están los procedimientos abiertos, pero que aún no han sido notificados formalmente. Hay otros casos en los cuales ya se han notificado suspensiones de compañeros que están en funciones, la gran mayoría, excepto una persona, todos son de personas juzgadoras de carrera judicial, algunos en funciones y otros fuera de la función, pero todos de carrera judicial”, advirtió.
Las denuncias, aseguró, provienen directamente del Poder Ejecutivo, pues fueron interpuestas por la Secretaría de Gobernación.
“Hay una constante, en el sentido de que se están abriendo procedimientos por denuncias presentadas desde la Secretaría de Gobernación en contra de las personas juzgadoras que admitieron juicios de amparo y concedieron suspensiones en contra de la reforma judicial. Esto es claramente una persecución por criterio judicial, hay estándares nacionales e internacionales en donde se sabe que para que la independencia judicial esté protegida, pues los criterios judiciales no pueden ser materia de persecución”, aseveró la presidenta de la AMJAC.
Aseguró que además de la persecución administrativa ya tienen registro de algunos casos del tipo penal, cuyas carpetas están en la Fiscalía General de la República (FGR).
En noviembre de 2024, EL UNIVERSAL ya había dado cuenta de denuncias por presuntos casos de persecución penal en contra de juzgadores. En aquel entonces, jueces y magistrados dieron a conocer la apertura de carpetas de investigación en su contra, ante la FGR, por el probable delito de abuso de autoridad, después de las suspensiones que otorgaron contra la reforma judicial.
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El 18 de octubre de 2024 Ernestina Godoy, entonces consejera Jurídica de la Presidencia, anunció durante la conferencia mañanera que el gobierno federal presentaría denuncias ante el CJF contra jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma judicial.
“Hay un claro conflicto de intereses con los funcionarios que han emitido amparos contra la reforma al Poder Judicial, están contraviniendo la Constitución (…) ellos mismos saben, son constitucionalistas, son peritos del derecho y saben que la misma Suprema Corte ha negado que se pueda revisar una reforma constitucional”, aseveró.
Arturo Guerrero Zazueta, defensor de derechos humanos especializado en casos de independencia judicial, lleva la defensa de siete exjueces y magistrados (cesados por la reforma judicial) y uno en funciones, quienes enfrentan procedimientos ante el Tribunal de Disciplina Judicial.
“Llevamos cuatro casos con nombre y apellido; no los digo por reserva de sus datos, pero sé que hay bastantes personas más en ese supuesto y lo que sí puedo confirmar es que todos los procedimientos se los iniciaron en días de separación, o sea, esto sí parece que es sistemático y está diseñado para actuarse de esta manera”, señaló.
El también abogado reconoció que las querellas provienen de la Secretaría de Gobernación.
“La mayoría fueron quejas presentadas en efecto por la Secretaría de Gobernación, en algunos casos federal y en otros de la Ciudad de México. Son contra personas juzgadoras que se pronunciaron ya sea admitiendo amparos en contra del proceso de reforma judicial o bien por haber otorgado amparos en contra de la disminución de remuneraciones derivada precisamente de la reforma judicial. En los casos que yo estoy llevando los acaban de emplazar para que inicie el procedimiento y todavía no se celebran las audiencias, pero en muchos de los casos se busca que haya inhabilitación como servidor público hasta por 10 años”, puntualizó.
Guerrero Zazueta advirtió que quienes firmaron las querellas están ahora en puestos clave del gobierno y son juez y parte, por lo que existe conflicto de intereses.
“Un aspecto que es preocupante es que algunos de esos recursos fueron presentados, ya sea a nivel federal o a nivel local, por personas que hoy han cambiado funciones, pero que son clave en todo esto. Por ejemplo, algunos recursos los firmó Néstor Vargas cuando era consejero jurídico de la Ciudad de México, y ahorita Néstor Vargas es el presidente del Órgano de Administración Judicial, y en otros casos algunos de los recursos fueron presentados por la entonces consejera de la Federación, que es Ernestina Godoy, y que es actualmente la fiscal General de la República. Entonces, si eso avanza a la parte penal te habrá denunciado y ahora te estará investigando la misma persona”.
Emilia Molina aseguró que a los casos de presunta persecución se suma la destitución de 43 personas trabajadoras sociales adscritas al Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), quienes fueron cesadas entre el 26 y el 30 de junio de este año.
Puntualizó que todos los expedientes están siendo documentados para ser presentados ante la CIDH y la ONU: “Para que se advierta, ya con pruebas, de estas persecuciones en contra de las personas juzgadoras de carrera, cuyo único delito es hacer lo que la Constitución prevé”.
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