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La fiscal General de la Republica, Ernestina Godoy, informó los avances en la investigación relacionada al caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías.
De acuerdo con la Godoy, detrás del buque asegurado con 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas, no se encontraba un contrabandista que operara de manera individual, sino una presunta red criminal con capacidad para importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos que habrían ingresado ilegalmente al país.
En esta estructura, señaló, destacaban Manuel Roberto "N" y Fernando "N", conocidos como “los primos”.
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La investigación apunta a que ambos habrían contado con cómplices que intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
Según la información presentada por la autoridad, Manuel Roberto N habría gestionado directamente algunos de esos nombramientos y promociones.
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“Con la estructura de complicidades ya instalada, Manuel Roberto “N” y Fernando “N” junto con sus cómplices presuntamente repetían una y otra vez la trama ilegal”, aseveró la funcionaria.
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En un video mensaje Godoy Ramos dio avances sobre la corrupción que el país ha enfrentado en el combate al contrabando de combustible.
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“Me refiero a la red criminal, que en 2024, fue denunciada por el (entonces) almirante Rafael Ojeda a Alejandro Gertz Manero (ex titular de la FGR) , a quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval y ese fue el origen que nos permitió conducir investigaciones y dar bajo el nuevo modelo de investigación de esta Fiscalía uno de los golpes más importantes contra el contrabando de hidrocarburos.
“Esto es el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel contenidos en un buque en el puerto de Altamira Tamaulipas, este logro más que representar el fin de la investigación, fue un hecho que nos condujo a mayores acciones”, aseveró la fiscal en un mensaje a medios.
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Destacó que los buques zarpaban principalmente desde Texas cargados de hidrocarburo, el cual se declaraba como aceite o aditivo para cambiar su tratamiento fiscal.
En tanto servidores públicos y agentes aduanales coludidos, recibían pagos por cada embarque que se dejaba pasar.
La funcionaria subrayó que las inspecciones cuando llegaban a realizarse eran una simulación y la red criminal garantizaba muestreo superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión.
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También se estableció en calendarios de arribo en la cadena de complicidades a efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de las descargas.
Una vez en tierra, el combustible se distribuía mediante tres empresas legalmente constituidas, pero una red de empresas fachada y trigulaciones financieras eran las responsables de darle apariencia legítima a los ingresos de la venta.
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“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero eran el ciclo de este negocio ilegal en el que presuntamente participaron Manuel Roberto “N” Fernando “N” y sus cómplices.
“Las investigaciones nos llevaron a identificar operaciones de esta misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y en la Ciudad de México”, enfatizó Godoy Ramos.
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Agregó que como parte de las indagatorias, siguieron el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces de participación en las distintas etapas de esta cadena ilegal en la que existe evidencia de participación de Manuel Roberto “N” y Fernando “N”.
Godoy Ramos subrayó que el contrabando de hidrocarburos es un acto ilegal, como también es un delito que debilita a las empresas del Estado y desvía recursos públicos que deben ser utilizados para impulsar el bienestar del pueblo.
“Una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos. Muestra de eso es que el actual secretario, el almirante Raimundo Morales Ángeles, ha estado muy atento al seguimiento de las investigaciones. La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia.
“La Fiscalía que encabezo seguirá investigando, informando al pueblo de México… Recuerden donde hay impunidad, habrá investigación donde haya crimen, habrá consecuencias”, puntualizó.
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aov/rmlgv
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