Huachicol: la cadena del delito

Durante mucho tiempo, en México hablamos del huachicol como si se tratara únicamente del robo de combustible. Esa imagen —la toma clandestina, el ducto perforado, la pipa asegurada— siguen siendo parte del problema, pero de ninguna manera alcanza para describir el fenómeno completo.

La realidad es que el mercado ilícito de hidrocarburos es una cadena. Puede comenzar con la sustracción ilegal o con el ingreso irregular de petrolíferos al país; continúa con su transporte, y almacenamiento; se apoya en documentos, empresas y operaciones que pueden buscar dar apariencia de legalidad a lo ilícito, y termina en la distribución, la comercialización y, entra a circuitos financieros diseñados para ocultar o aprovechar los beneficios económicos del delito y la evasión fiscal.

Para dar contexto al problema, me parece importante mostrarles el panorama, el camino histórico que ha tenido este delito en nuestro país. Al inicio de este siglo se desarrollaron bandas locales de corte familiar, con una gran base social, que explotaban algunas tomas ilícitas. Pero en 2006 inicia la proliferación en la explotación, con la colusión de autoridades, lo que propicia la participación inicial de la delincuencia organizada.

Entre 2012 y 2018, particularmente después de la Reforma Energética de 2013 que abrió la industria del petróleo y la electricidad a la inversión privada, el huachicol se convierte en una importante fuente de ingresos para la delincuencia organizada lo que da pie a enfrentamientos violentos contra el Estado, por lo que en 2016 se aprueba la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Es a partir de 2018 que inicia la importación y exportación de hidrocarburos con una clasificación arancelaria incorrecta, lo que favorece la creación de vínculos entre la delincuencia organizada y empresas nacionales y extranjeras, mediante la maximización de ganancias al evitar el pago de impuestos.

La dimensión económica del huachicol es gigantesca, el impacto internacional de este delito lo ha convertido en una tendencia global como mercado emergente, pues el robo de combustibles representa una actividad criminal de bajo riesgo relativo y alta demanda garantizada.

De acuerdo con el Instituto Mundial para la Investigación de la Economía del Desarrollo, de la Universidad de las Naciones Unidas, el robo global de petróleo se estima en 133 mil millones de dólares anuales, equivalente a entre el 5 y el 7% del mercado mundial de crudo y combustibles. A diferencia de las drogas, este ilícito se traslapa con otros ilícitos, haciendo más difícil su persecución.

Para México los delitos en materia de hidrocarburos son prioridad nacional. La estrategia de combate frontal al huachicol en todas sus vertientes (punción de tuberías para ordeñar combustible o su ingreso al país como contrabando; su transporte, distribución y comercialización), para la FGR, significa defender las finanzas públicas, proteger la competencia legítima, cerrar espacios a la corrupción y al enriquecimiento ilícito, no se trata de perseguir solamente el último eslabón, sino de atacar toda la estructura.

Los resultados alcanzados, hasta ahora, son parte del proceso de cambio institucional que hemos emprendido.

Fiscal general de la República

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