La triste historia de los lineamientos de las audiencias

Cinco semanas después de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicara el proyecto de Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, el texto final apareció en el Diario Oficial el viernes pasado. Difícil hacer un recuento en tan poco espacio, pero vale la pena intentarlo.

Primero, el contenido. El proyecto sometido a consulta tenía excesos jurídicos, ilegalidades e imprecisiones que encendieron, con razón, las alarmas. La opinión pública presionó al grito de “censura” y la CRT sacó la lima.

Desapareció la obligación de adoptar medidas para no difundir información “falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”; se acotó el régimen sancionatorio y se hicieron otras correcciones que disminuyeron los riesgos para la libertad editorial.

No se limaron todos los filos; quedó el artículo 52, que permite a la CRT supervisar el cumplimiento de los derechos de las audiencias mediante “monitoreos, requerimientos o cualquier otra actuación que sea necesaria”. Demasiada amplitud. El texto final es menos ilegal y peligroso que el que conocimos. ¿Hay que agradecerlo? No, corregir excesos que nunca debieron estar ahí no es un favor.

Segundo, el proceso. Aquí la historia empeora. La consulta terminó el viernes 21 de agosto con 8,889 participaciones. Cinco días después, el Pleno de la CRT aprobó los Lineamientos y 2 días más tarde estaban publicados. ¿Por qué tanta prisa? Consultar no es abrir un buzón; es leer, analizar, confrontar argumentos y explicar por qué unos se incorporan y otros no.

Pero resulta que no todos tuvieron que hacer fila. El 26 de agosto, justo el día de la aprobación, la Consejería Jurídica dedicó su programa “Derecho de Réplica” al tema. Ahí apareció José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), y soltó una frase lapidaria:

“Más que nadie, tú sabes todo este proceso que hemos llevado de manera conjunta”, le dijo a Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia. Después agradeció su apertura y la de Norma Solano, presidenta de la CRT, por haberlos escuchado.

¿De manera conjunta? Miles entregamos nuestros comentarios por la ventanilla; para la CIRT hubo alfombra roja. Y lo más burdo es que sus comentarios ni siquiera aparecen publicados entre las participaciones de la consulta. ¿Para qué molestarse, si tienen acceso VIP?

Durante años nos explicaron que la cercanía entre el gobierno, la CIRT y Televisa era una expresión del viejo régimen: poder político y mediático entendiéndose tras bambalinas; prometieron que eso se iba a transformar, no fue así.

Tercero, el resultado. Este proceso tuvo la peculiar desgracia de decepcionar a casi todos: académicos, especialistas, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, periodistas, concesionarios, productores y ciudadanos que participaron de buena fe. Todos encuentran algo que lamentar. Todos, menos la CIRT.

El texto mejoró, pero conserva contradicciones, imprecisiones y, sobre todo, oportunidades perdidas. El problema transversal es infranqueable, quien supervisará estos derechos ya no es un órgano constitucional autónomo, sino una autoridad dentro de la estructura gubernamental. Eso importa en un contexto de inocultable incomodidad desde el poder frente a la crítica pública (ahí están las listas).

Los Lineamientos no son el desastre que pudieron haber sido, pero tampoco son el instrumento que 8,889 participaciones pudieron haber producido. Son un texto triste, no sólo por lo que dice, sino por lo que revela sobre quién fue escuchado y cómo.

Abogada, presidenta de Observatel y comentarista de Radio Educación

X y Threads: @soyirenelevy

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