Exigen frenar violencia digital contra estudiante que denunció a maestro Alberto Jasso; esto se sabe del caso

El gobierno federal pidió un alto de forma inmediata a los actos de violencia digital, mediática y revictimización que enfrenta una adolescente que denunció hechos de violencia sexual presuntamente cometidos por Alberto Israel Jasso Cruz, profesor del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (IEMS) y quien se suicidó la semana pasada.

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE del Sipinna) llamó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, medios de comunicación, plataformas digitales y a la sociedad en general a abstenerse de difundir contenidos que vulneren la dignidad de niñas, niños y adolescentes o que propicien su revictimización.

De acuerdo a Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), denunciar hechos de violencia constituye un ejercicio legítimo del derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, protegidos y a acceder a la justicia y a la reparación integral del daño.

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Y el ejercicio de este derecho no puede generar represalias, hostigamiento, estigmatización, exposición pública, amenazas o cualquier forma de revictimización, ya sea en espacios físicos o digitales.

“La muerte de la persona señalada como presunto responsable extingue la acción penal en su contra; sin embargo, no extingue el derecho de la víctima a la verdad, a la justicia, a la reparación integral ni a la protección del Estado. Tampoco releva a las autoridades de continuar las investigaciones necesarias para esclarecer plenamente los hechos y garantizar los derechos de la adolescente”, indicó.

A través de un posicionamiento, la Sipinna reiteró que está prohibida la difusión de imágenes, nombres, datos personales o cualquier información que permita identificar directa o indirectamente a una persona menor de edad involucrada en un procedimiento judicial o en una situación de vulnerabilidad.

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Además, exhortó a las autoridades de procuración de justicia y de protección de niñas, niños y adolescentes a implementar de manera inmediata todas las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física, psicológica y emocional de la adolescente y de su familia.

Mientras que a los medios de comunicación, plataformas digitales y personas usuarias de redes sociales les exigió retirar y abstenerse de difundir cualquier contenido que permita identificar, exponer o revictimizar a la adolescente, privilegiando en todo momento el respeto a su dignidad y a sus derechos.

Asimismo, pidió a las instituciones educativas a garantizar un entorno escolar seguro, libre de violencia, discriminación y represalias, asegurando la continuidad de la trayectoria educativa de la adolescente.

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Por su parte, Tejiendo Redes Infancia expresó su profunda preocupación por la violencia mediática y digital ejercida en contra de la estudiante después de que utilizó los canales establecidos para denunciar hechos que consideró constitutivos de violencia sexual dentro de una institución educativa pública.

¿Qué pasó con la estudiante que denunció a su profesor por violencia sexual?

De acuerdo con la información pública disponible, la adolescente presentó su denuncia el 14 de julio de 2026 ante instancias jurídicas de la institución educativa y ante una autoridad ministerial. El profesor fue hallado sin vida el pasado 21 de julio.

El 23 de julio de 2026 circuló en redes sociales un mensaje póstumo en el que el docente señalado negó los hechos, difundió el nombre completo de la estudiante y a través de un correo electrónico masivo reveló información escolar, médica y familiar para desvirtuar la denuncia. También presentó su muerte como un “sacrificio” dirigido a cuestionar el sistema de justicia y advertir sobre las denuncias de mujeres.

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“La adolescente ejerció su derecho a pedir protección, ser escuchada y acceder a la justicia, no cometió un delito al denunciar. Acudir a las autoridades no puede convertirse en motivo de castigo, exposición pública, hostigamiento o culpabilización. Ninguna niña o adolescente debería aprender que denunciar una posible agresión puede colocar su nombre, su historia clínica, su escuela y su seguridad en manos de miles de personas desconocidas”, expresó la ONG.

Precisó que aunque no es posible determinar la intención del docente, su video mensaje continúa ejerciendo violencia que prolonga el daño después de su muerte. Por lo que cada reenvío continúa distribuyendo culpa, señalamiento y castigo, la versión del adulto queda fijada y adquiere autoridad moral, mientras la adolescente no puede responder sin exponerse nuevamente, su silencio puede ser interpretado injustamente como admisión.

“Del mismo modo, la muerte de la persona denunciada no prueba su inocencia ni confirma los hechos denunciados. Una muerte no resuelve una investigación”, señaló la organización, coordinada por Juan Martín Pérez, en un comunicado.

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En ese sentido, Tejiendo Redes Infancia exigió a la Fiscalía de la Ciudad de México a que abran una nueva línea de investigación sobre la violencia digital que enfrenta la adolescente, preservar la evidencia, investigar el origen de la difusión del video póstumo que proporcionó datos personales, las distintas expresiones de amenazas, hostigamiento y determinar si existió organización, sincronización, monetización o participación deliberada de redes anti derechos humanos.

Mientras que a las plataformas digitales las exhortó a retirar contenidos que expongan datos personales que identifique a la adolescente, reducir la reaparición de copias, impedir que los sistemas de recomendación continúen amplificando el señalamiento, preservar evidencia cuando exista una solicitud legal y ofrecer canales de atención adecuados para la estudiante.

Por su parte, pidió al IEMS establecer un plan integral de protección y restitución de derechos para la adolescente que incluye evaluación profesional del riesgo, acompañamiento psicológico y jurídico especializado, continuidad educativa sin represalias ni discriminación y la protección de sus datos.

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“El dolor por una muerte merece respeto y atención, pero nunca debe utilizarse para cancelar los derechos de una adolescente. La memoria de una persona adulta no puede construirse mediante la persecución de una estudiante. La respuesta democrática no es elegir entre el debido proceso y la protección de las víctimas: es garantizar ambos, investigar con imparcialidad y actuar urgentemente para impedir que la violencia continúe”, declaró.

El martes pasado, la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, precisó que la investigación en contra del profesor sigue en curso, por lo que no podía confirmar si fue culpable o no de los hechos.

“Es un caso que no se llegó a judicializar, en el caso de que haya un probable responsable, que desafortunadamente pierde la vida, estos casos de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene que sobreseer, eso es lo que pasa formalmente en este caso”, dijo.

Sin embargo, informó que se seguirá en contacto con las víctimas para continuar las investigaciones sobre el caso: “Pero se va seguir en contacto con las víctimas de tal forma que podamos identificar si todavía hay hechos que investigar”, aseguró.

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