El caso que ha sido presentado públicamente como el presunto suicidio del profesor Alberto Israel Jasso Cruz ha provocado una intensa discusión pública y una ola de indignación. Sin que hasta ahora la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el IEMS o la Secretaría de Educación hayan presentado información oficial que esclarezca lo ocurrido, en redes sociales se construyó una historia con sorprendente rapidez.
No hizo falta esperar una investigación. Bastó una versión para que miles de personas (especialmente hombres y comentaristas que desde hace años mantienen una postura abiertamente antifeminista) dieran por hecho que el profesor se había quitado la vida como consecuencia de una presunta denuncia falsa.
A partir de esa premisa se levantó un discurso conocido: el de las denuncias falsas como fenómeno generalizado, la supuesta criminalización de los hombres y la idea de que vivimos en un sistema que les cree ciegamente a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Se habló de leyes misándricas, de una persecución institucional contra los hombres y de un feminismo que habría secuestrado el sistema de justicia.
El problema es que esa narrativa no se quedó en un caso concreto. Volvió a sembrar sospechas sobre cualquier mujer que denuncia violencia, particularmente violencia familiar, violencia vicaria y violencia sexual. El mensaje es siempre el mismo: si una mujer denuncia, primero hay que desconfiar de ella.
Días antes de que la conversación pública se centrara en este caso, muchas de esas mismas voces habían expresado su indignación por la aparente violencia de género ejercida contra la abogada Natalia Torres.
En X podían leerse mensajes cuestionando cómo era posible que la presidenta exhibiera a “una jovencita” en un país donde asesinan entre nueve y diez mujeres al día. Se habló de misoginia, de violencia simbólica, de violencia mediática, de revictimización y de la necesidad de proteger a las mujeres frente a un contexto de violencia estructural.
Sin embargo, ese argumento también evidenció una lectura superficial del fenómeno. Invocar la cifra de mujeres asesinadas diariamente sin distinguir los contextos en los que ocurren esos crímenes termina reduciendo un problema estructural a una consigna. No toda violencia ejercida contra una mujer constituye automáticamente violencia de género, del mismo modo que no toda violencia de género culmina en un feminicidio. Precisamente la perspectiva de género exige analizar los contextos, las relaciones de poder y las razones que explican cada caso, no utilizar estadísticas como un recurso retórico para reforzar una postura política.
Y, sin embargo, apenas unos días después, esas mismas personas comenzaron a difundir la narrativa de las denuncias falsas, la supuesta persecución institucional contra los hombres y la idea de que las mujeres denuncian para destruir vidas.
No se puede denunciar la violencia de género cuando afecta a una mujer con la que simpatizas y, al mismo tiempo, alimentar el discurso de las denuncias falsas cada vez que otra mujer decide acudir a las instituciones. Tampoco se puede exigir empatía para unas mientras se construye desconfianza para todas las demás.
Pero el caso de Natalia Torres también deja ver otra realidad incómoda: la violencia contra las mujeres no genera el mismo nivel de indignación para todas.
Natalia es una mujer con un importante capital social y cultural. Es egresada y profesora de la Universidad Panamericana, cuenta con acceso a espacios de comunicación, respaldo público y una capacidad que pocas víctimas tienen para posicionar su versión de los hechos. Además, responde a un ideal de feminidad que nuestra sociedad sigue premiando: una mujer joven, atractiva y con privilegios de clase.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿la reacción habría sido la misma si la víctima hubiera sido una mujer indígena, una trabajadora del hogar, una mujer en situación de pobreza o alguien cuya historia no encajara en esos estándares de belleza, clase y prestigio?
Probablemente no.
Porque incluso la empatía pública está atravesada por el privilegio.
Si de verdad preocupa la violencia de género, también debería preocupar el daño que produce instalar la idea de que las mujeres denuncian para vengarse, para llamar la atención o para destruir la vida de los hombres. Ese discurso no fortalece el debido proceso; por el contrario, erosiona la confianza en las víctimas y desalienta las denuncias.
Quienes hemos acompañado víctimas o conocemos mínimamente el funcionamiento del sistema de justicia sabemos que denunciar en México dista mucho de ser un mecanismo sencillo para perjudicar a alguien. Denunciar implica pasar horas esperando en un Ministerio Público; enfrentar agencias saturadas, personal exhausto, entrevistas que se repiten una y otra vez, policías de investigación con cargas de trabajo desbordadas, fiscalías que carecen de recursos suficientes y procesos que, en muchos casos, terminan sin resultados. Nadie atraviesa voluntariamente ese desgaste sólo porque denunciar sea fácil. La realidad institucional demuestra exactamente lo contrario.
Por eso resulta tan irresponsable convertir un caso cuyo contexto aún no ha sido esclarecido en la prueba definitiva de una supuesta persecución contra los hombres. Y resulta todavía más contradictorio invocar la perspectiva de género únicamente cuando la víctima es una mujer cuya historia despierta simpatías o confirma determinadas convicciones políticas.
La violencia de género no puede convertirse en un discurso de conveniencia. No puede servir para defender a unas mujeres mientras se desacredita sistemáticamente a otras. Mucho menos puede utilizarse para alimentar una guerra cultural entre hombres y mujeres que termina invisibilizando el verdadero problema: un sistema de justicia incapaz de garantizar investigaciones serias, debido proceso y acceso efectivo a la justicia.
La coherencia importa. Porque no se puede denunciar la violencia contra una mujer con capital social, económico y mediático por la mañana y, por la tarde, contribuir a una narrativa que hace más difícil que miles de mujeres las que no tienen esos privilegios se atrevan a denunciar la violencia que viven.