, consejera jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que Estados Unidos no aportó ninguna prueba para acreditar la urgencia para la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios y exfuncionarios estatales acusados por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Ante esto, informó en conferencia de prensa presidencial, que la Fiscalía General de la República () indicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores () que es necesario solicitar al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que aporte dicha información.

"La Fiscalía determina que no existe, al momento, o no se aportó, ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional, precisamente para que se acredite la urgencia. De acreditarse la urgencia, entonces sí, la Fiscalía puede presentar a un juez de control. Y el juez de control puede, viendo las evidencias, establecer: ya sea la prisión… la o alguna otra medida cautelar, y ahí inicia este proceso de 60 días.

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“La Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requirente que aporte esos elementos para poderlo presentar, entonces sí, ante un juez”, explicó.

En , Luisa María Alcalde destacó que la FGR no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito, y que no ha prejuzgado respecto si es procedente o no una solicitud de detención provisional.

“La Fiscalía General de la República ha emitido opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a que el país requirente no aportó elementos que acrediten la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar esta evidencia”, reiteró.

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