El caso Sinaloa y las acusaciones contra 10 políticos mexicanos de asociación con el narcotráfico, hicieron que ayer el presidente Donald Trump registrara un incremento de tres puntos en su popularidad, según los trackings diarios de la Casa Blanca y medios estadounidenses. Lo que no logró el estrecho de Ormuz y su fallida guerra contra Irán, lo están haciendo las acciones contra la narcopolítica mexicana, por lo que ayer el gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de una orden de arresto internacional en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y el resto de los acusados, mientras que el Departamento de Justicia ordenó la confiscación de sus bienes.
Y mientras la presidenta Claudia Sheinbaum siguió repitiendo en sus giras del fin de semana su discurso demagógico que equipara la defensa de morenistas con la defensa del país y su soberanía, y el Congreso Nacional de Morena se desmarcaba de los “corruptos” pero ignoraba las acusaciones contra 10 de sus militantes en Sinaloa, fuentes de Washington confirman que el senador morenista Enrique Inzunza, quien ayer anunció que no pediría licencia a su cargo, estaría buscando, a través de sus abogados, negociar con el gobierno de Estados Unidos para convertirse en “testigo protegido”.
Pero como ese beneficio no lo puede obtener al estar ya acusado, y sólo se lo concederían “si entrega información de alguien por arriba de Rocha Moya”, el senador ha dicho a través de sus abogados que está dispuesto a cumplir con esa condición. Y por arriba del gobernador sinaloense, sólo estaría el expresidente López Obrador, lo que convertiría al legislador originario de Badiraguato, y de quien se dice en Culiacán que fue el principal operador del pacto con Los Chapitos, en una auténtica “bomba de fragmentación” para el partido Morena y para el gobierno de Sheinbaum.
Porque está más que claro que el régimen de la 4T busca ganar tiempo y se niega a detener y a entregar al gobernador ya con licencia, Rubén Rocha Moya, y al resto de los nueve acusados como colaboradores del Cártel de Sinaloa y aliados de la facción de “Los Chapitos”. Pero también es evidente que en Washington se les acabó la paciencia porque saben que la licencia en fast track otorgada a Rocha Moya para que se separara del cargo, al igual que al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendivil, si bien deja a esos personajes sin el fuero constitucional que facilitaría su detención, también los libera para facilitar que se escondan o incluso para una posible fuga del país con la intención de que no puedan ser detenidos o extraídos del territorio nacional por operativos militares estadounidenses.
Hasta ahora la posición de Morena y de la presidenta Sheinbaum no ha variado y sigue negando la presunta culpabilidad que les imputa el gobierno de Washington a Rocha Moya y a los otros nueve políticos extraditables que tienen acusaciones concretas y puntuales en la Corte Sur de Nueva York, la misma donde se juzga al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en donde históricamente han sido procesados políticos mexicanos y de otros países a los que se les relaciona con los cárteles de la droga, con un alto nivel de condenas para quienes pisan ese juzgado federal en Estados Unidos.
En medio de la profunda crisis que enfrenta su gobierno en su relación con la Casa Blanca, y con el riesgo de que su negativa a entregar y proteger a sus correligionarios detone acciones y sanciones por parte del gobierno de Trump que irían desde posibles operativos militares en territorio mexicano hasta la cancelación del TMEC que está en fase de revisión, la doctora Sheinbaum intensificó este fin de semana sus actividades inaugurando obras en el Caribe mexicano y repitiendo su demagogia soberanista, mientras baila y sonríe en un intento de demostrar una normalidad que aleje a los fantasmas y las amenazas de ruptura con el gobierno de Trump.
Lo mismo hizo el partido Morena, el mismo que postuló a Rocha Moya, al alcalde Juan de Dios Gámez y al senador Inzunza. En su Congreso Nacional que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México, al que acudieron dirigentes, gobernadores y congresistas de toda la República, si bien no hubo muestras de apoyo a los extraditables sinaloenses, tampoco hubo una condena clara y puntual sobre sus presuntos vínculos con el narcotráfico. A lo más que llegó la nueva dirigente nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel, quien ayer tomó posesión del cargo, fue a una condena retórica de la corrupción en la que dijo que su partido no apoyará y expulsará a los corruptos, pero sin mencionar nombres ni cargos.
“Si alguien comete un acto de corrupción, aunque hayan ganado la encuesta, no serán candidatos. Y, desde ahora, un aviso para quienes aspiren a ser coordinadores de la defensa de la transformación y quien quiera ser candidato en 2027: deben tener una trayectoria impecable”, dijo en su primer discurso al asumir la presidencia de Morena, Ariadna Montiel.
Así es que, si Sheinbaum y su asesor de Palenque, creen que ganarán tiempo protegiendo a los extraditables solicitados por Washington y permitiendo su fuga, el anuncio ayer de la orden de arresto emitida por el Departamento de Justicia, e informada desde el Homeland Security, confirma que la administración Trump no esperará eternamente a que le respondan su petición oficial de extradición, ni acepta las chicanadas morenistas sobre la “falta de pruebas contundentes” y la supuesta investigación que iniciará la FGR.
Jurídica y políticamente este tema ya fracturó y dinamitó la confianza de Trump en el gobierno de la presidenta. Lo que veremos a partir de ahora es una cacería, al estilo del gato y el ratón, en el que cualquier cosa puede pasar y las trampas y bombas aparecerán en todos los ámbitos de la relación bilateral. ¿Quién será el primero en caer?
NOTAS INDISCRETAS… Y a propósito del Congreso morenista, dicen que a veces el que más grita es el que más nervioso o preocupado se encuentra. Y ayer en el evento nacional del partido oficialista, donde el ambiente era más bien tenso, el que más gritó y trató de mostrar entusiasmo fue el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien llamaba a los morenistas a mantener el ánimo arriba y arengaba, con la voz aguardientosa a cuidar al partido gobernante y a hacer que sus adversarios, en 2027, muerdan el polvo: “Que ninguno de ellos espere de nosotros un paso atrás ni concesión alguna. Porque el 27, como el 18, el 21 y el 24, van a morder polvo nuevamente”. Curiosamente el gobernador que trataba de levantar el ánimo de los asediados morenistas ante la cacería iniciada en su contra por la Casa Blanca, no sólo aparece mencionado como uno de los posibles mandatarios que serían acusados por el Departamento de Justicia, sino que además, Durazo enfrenta en estos momentos tremendo escándalo porque su hijo, Alfonso Durazo Chávez, aparece señalado en una trama de corrupción relacionada con el fraude multimillonario del huachicol fiscal. Resulta que el junior del gobernador sonorense es pareja de la hija del empresario de su estado, Gilberto Salazar Escoboza, quién además de haber sido sentenciado en 2013 por el gobierno de Estados Unidos por simular exportaciones a ese país, recibió transferencias de 15 millones de pesos en sus empresas de parte del contralmirante Fernando Farías Laguna, el sobrino político del exsecretario de Marina, detenido en Argentina y acusado por el gobierno mexicano de ser uno de los operadores de la red de huachicol fiscal que importaba gasolinas y diésel simulado desde Estados Unidos para ser vendido en el mercado negro de los combustibles en México, en lo que se considera el fraude más grande al fisco mexicano. Es decir, que el consuegro de Durazo, Salazar Escoboza, y suegro de su hijo, está siendo investigado también por la UIF por esas “transferencias inusuales” y aparece mencionado en el expediente oficial de la investigación de la Fiscalía General de la República, al que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) tuvo acceso. “El expediente al que MCCI tuvo acceso, detalla que, tan solo en 2025, Fernando Farías Laguna recibió 41 depósitos que suman más de 40.3 millones de pesos en sus cuentas personales, entre los que destaca una operación de 5 millones de pesos que Farías Laguna recibió de la empresa Agroexportadora SE. Por su parte, el Contralmirante realizó 59 transferencias por 39.7 millones de pesos, entre las cuales sobresalen tres operaciones que suman 10 millones de pesos hacia cuentas de la compañía Agronegocio SE”, dice el reportaje que señala que mediante una búsqueda en registros mercantiles se comprobó que detrás las empresas Agronegocios SE y Agronegocios se encuentra Gilberto Salazar Escoboza, quien preside el Consejo de Administración en ambas empresas. Mientras que sus hijos, María Eugenia y Gilberto Salazar Escalante, son los accionistas de las dos compañías”. Así que, a reserva de que el tema escale en las indagatorias de la FGR y se demuestre presunta culpabilidad, la relación entre el gobernador, su consuegro y el suegro de su hijo con el fraude del huachicol fiscal podría ser la causa de tanta enjundia y entusiasmo en las arengas de Durazo Montaño… Le preguntamos a un consultor político que trabaja en Estados Unidos sobre el dato que nos comparten fuentes estadounidenses sobre el incremento de tres puntos de aprobación que habría logrado el presidente Donald Trump tras las acusaciones contra los políticos mexicanos por vínculos y asociación con el Cártel de Sinaloa y cómo se explica ese aumento. Su explicación fue simple y directa: “Tras el fracaso en Irán, el que Trump se meta con México y sus narcopolíticos, que son vecinos de Estados Unidos, y comience a acusarlos y buscar procesarlos, aumenta entre sus votantes la percepción de que eso sí va a mejorar la seguridad de su país y de sus familias, mucho más que una guerra por el petróleo iraní”. Así que, ante su urgencia de detener su pronunciada caída en las encuestas, está claro que el presidente Trump volverá a lo que ya en su primer periodo de gobierno le dio más votos y aprobación: la guerra contra los narcos mexicanos y los políticos que lo protegen… Los dados abrieron con Doble Escalera. La semana se viene fuerte.