La sacudida estremeció a Sinaloa, pero se sintió en todo México. La acusación de Estados Unidos en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses sorprendió a las autoridades de este lado de la frontera. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York los señala de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a cambio de protección, apoyo político y sobornos.
El argumento es que se habrían alineado con la facción dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para ganar la gubernatura en 2021. El gobernador rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos, los calificó como falsos y los presentó como un ataque contra él, contra la Cuarta Transformación y contra la soberanía nacional.
El asunto salpicó, o manchó severamente, según cada quien lo quiera ver, a la presidenta Claudia Sheinbaum. De entrada, ella cuestionó que Estados Unidos hiciera pública la acusación y sostuvo que corresponde a la Fiscalía General determinar si existen pruebas suficientes. Aseguró que su gobierno no cubrirá a nadie que haya cometido un delito, pero advirtió que, si no hay pruebas claras, las imputaciones del Departamento de Justicia Estadounidense tendrían un objetivo político.
La acusación dividió a la clase política mexicana. Desde Morena, Ricardo Monreal, Ignacio Mier y Gerardo Fernández Noroña defendieron la presunción de inocencia y señalaron que no se han presentado pruebas. Para la oposición, el caso confirma las sospechas sobre presuntos vínculos entre las autoridades y el crimen organizado.
La opinión pública también se ha dividido. Están los que deploran la intromisión del vecino del norte. Estamos los que celebramos que exista presión para que se investiguen a fondo los vínculos entre autoridades y criminales.
El asunto también ha sido leído como parte de una política más agresiva de Washington hacia América Latina, en la que Donald Trump ya ha demostrado que no es proclive al multilateralismo. Pero las declaraciones más agresivas no han venido esta vez del presidente estadounidense. La Cámara de Representantes advirtió desde Washington que “se acabó la impunidad para los narcoterroristas. Desde Nicolás Maduro hasta Rubén Rocha Moya, si eres cómplice del narcotráfico hacia Estados Unidos, te haremos responsable. Esto es solo el principio”.
Desde el gobierno mexicano se ha hablado de defender la soberanía sin permitir intromisiones de un gobierno extranjero. Pero más allá del discurso, en Palacio Nacional deben saber que si no actúan contra Rocha, se va a tensar la relación con Estados Unidos. El tema tiene muchas aristas. Una interesante es el momento en el que se da esta acusación: justo antes de que inicie la renegociación del TMEC. Es sabido que Donald Trump prefiere negociar con quien está contra las cuerdas. Este golpe deja al gobierno mexicano expuesto ante la opinión pública, cuestionado en el ámbito internacional y debilitado ante su contraparte estadounidense.
El escándalo ya había sido anticipado por el embajador de EU en México, Ronald Johnson. Días antes de que se solicitara la detención y extradición de Rocha Moya, habló en Sinaloa sobre corrupción y dijo que el comercio entre México y Estados Unidos “exige que nuestros gobiernos penalicen el soborno y la corrupción. Es posible que pronto veamos acciones significativas en este frente, así que permanezcan atentos”.
Y atentos estamos.
@PaolaRojas