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La defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, los dos marinos encarcelados por encabezar una red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas, insistió en que el exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, debe comparecer para que explique qué sabía sobre este caso.
El Despacho Mendieta y Abogados, encabezado por el abogado Epigmenio Mendieta Valdez, consideró que el almirante en retiro debe declarar como testigo, porque así lo solicitó ante el juez que lleva el asunto.
"La defensa busca conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas, qué información recibió de Fernando Farías y qué acciones emprendió; particularmente, si es verdad o no que recibió al contralmirante Rubén Guerrero", detalló.
Mendieta de Abogados responde a la FGR
Mediante un comunicado, el Despacho Mendieta y Abogados respondió a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual presentó como algo nuevo el aseguramiento de una bodega rentada por Manuel Roberto Farías Laguna, pues la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026.
Rechazó que en el inmueble fueron localizadas armas y documentos confidenciales de seguridad nacional, como lo informó la fiscal Ernestina Godoy Ramos.
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"En el inmueble no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional. Además, los documentos que la Fiscalía pretende atribuir a los hermanos Farías Laguna no están firmados por Manuel Roberto ni por Fernando, sino por el exsecretario de Marina", aseveró.
La defensa solicitó una carpeta de investigación íntegra y acceso a los documentos que obran en poder de la Secretaría de Marina.
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De igual manera, pidió revisar los criterios con los que se ordenaron las reservas o clasificaciones de seguridad nacional, particularmente respecto de aquella información que resulte indispensable para el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, cuestionó una investigación selectiva que, sostiene, omite otras líneas y podría ocultar a los verdaderos responsables.
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El Despacho Mendieta y Abogados enfatizó que una estructura de contrabando de combustibles habría requerido superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de siete dependencias y entidades federales.
Por ello, planteó que deben investigarse todas las líneas y determinarse la responsabilidad individual de cada involucrado, con debido proceso y acceso a la evidencia.
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dft/bmc
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