Critican blindaje a patrimonio del almirante Ojeda; expertos descartan daño al Estado
Haber sido secretario de Marina no lo exime de hacer pública su información, dicen; no ven rubros que afecten datos personales
Excomisionados del Inai y expertos en transparencia advirtieron que no hay razones para mantener bajo reserva la declaración patrimonial del exsecretario de Marina (Semar), almirante en retiro José Rafael Ojeda Durán, e indicaron que se incumple con varias leyes, entre ellas, la Ley General de Transparencia y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los expertos destacaron que en los formatos de declaración patrimonial no hay un sólo dato que afecte datos personales o la seguridad del Estado mexicano, y señalaron que el haber sido secretario de la Marina no exime al almirante en retiro de no hacer públicos sus ingresos y patrimonio.
Resaltaron que la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses es una disposición de carácter general para todas y todos los servidores públicos en México.
El miércoles, EL UNIVERSAL reveló que a casi dos años de haber salido del gobierno federal, la declaración patrimonial de Ojeda Durán sigue reservada hasta 2030 argumentando motivos de seguridad nacional.
“¿Cuál es el riesgo a la seguridad? ninguno”
Julieta del Río Venegas, excomisionada del Inai, advirtió que el haber sido secretario de la Marina no exime al almirante en retiro de no hacer públicos sus ingresos y patrimonio, pues recordó que fue un servidor público.
Destacó que la Ley General de Transparencia establece que debe de elaborarse una versión pública de las declaraciones patrimoniales, por lo que cuestionó que se argumente que pueda haber un “daño real y demostrable” a la seguridad nacional para hacer público el sueldo y patrimonio del exsecretario.
“¿En qué va a comprometer la seguridad nacional saber cuál es su sueldo, o qué propiedades tiene?”.
“¿Cuál es el daño real y demostrable a la seguridad nacional por conocer el sueldo y las propiedades declaradas por este servidor público? Ninguno, si la ley establece una versión pública. Si quien debe garantizar la transparencia que debería de actuar, promueve la opacidad, ¿qué podemos esperar de la rendición de cuentas?”, cuestionó.
Criticó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como Transparencia para el Pueblo —organismo que sustituyó al Inai— estén respaldando este tipo de resoluciones que van en contra del derecho a la información pública.
“No hay razón para ocultar patrimonio”
En este sentido, Adrián Alcalá Méndez, excomisionado presidente del Inai, señaló que será Transparencia para el Pueblo la autoridad que debe revisar y determinar si es correcta o no la decisión del Comité de Transparencia de la Marina de reservar la declaración del exsecretario.
Recordó que desde que se promulgó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se estableció con claridad que las declaraciones patrimoniales y de intereses deben ser públicas, salvo los rubros que puedan afectar la vida privada o datos personales protegidos por la Constitución.
“Las declaraciones patrimoniales son un eslabón de la cadena de la rendición de cuentas. Entonces, si estamos ocultando, ¿por qué razón la estamos ocultando? No hay razón.
“Publicar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos es promover y fomentar la rendición de cuentas de las distancias que conforman el Estado mexicano”, resaltó.
El expresidente comisionado del Inai manifestó su preocupación que haya una regresión en materia de rendición de cuentas cuando comités de transparencia deciden reservar información que debería de ser pública.
“Reserva es contrario a la transparencia”
Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, destacó que la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses es una disposición de carácter general para todo servidor público en México.
Recordó que la declaración patrimonial tiene dos partes: una más amplia que sólo pueden ver los órganos internos de control del Estado, y una versión pública, que ya protege los datos personales del declarante.
En este sentido, el especialista advirtió que cuando un comité de transparencia clasifica como “reservada” una declaración en su versión pública, no sólo incumple con la Ley General de Responsabilidades, sino que se extralimita en sus funciones.
“Clasificar como reservada una declaración que ya está en su versión pública es contrario a las disposiciones constitucionales de transparencia”.
Bohórquez destacó que en el caso del exsecretario de Marina hay, además, un agravante, pues el argumento para reservar su información patrimonial fue la seguridad nacional.
“En los formatos de declaración patrimonial no hay un sólo dato que afecte sus datos personales o la seguridad del Estado mexicano. Por el contrario, es del interés del propio funcionario mostrar que su situación patrimonial corresponde a sus ingresos declarados y que no hay propiedad o ingreso que no pueda justificar plenamente ante la sociedad.
“La publicidad de las declaraciones patrimoniales protege a los servidores públicos honestos de cualquier acusación infundada”, agregó.
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