Un análisis de la Universidad Iberoamericana, a través de su Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad (Centrus), señala que apenas uno de cada diez mexicanos vive en entornos donde es fácil acceder a alimentos nutritivos. Más que un asunto de hábitos, el dato revela una desigualdad estructural marcada por el lugar donde se habita.
Y en México, alimentarse de forma saludable está lejos de ser una elección cotidiana para la mayoría.
El estudio, elaborado por el académico Juan Manuel Núñez, pone el foco en los llamados entornos alimentarios: los espacios donde las personas compran, preparan y consumen comida. En ellos, factores como la cercanía de los comercios, la disponibilidad de productos frescos, los precios y el tiempo necesario para cocinar determinan —mucho más de lo que suele reconocerse— las decisiones diarias sobre qué comer.

Bajo esta perspectiva, la idea de que la alimentación depende únicamente de la voluntad individual resulta limitada. Para amplios sectores de la población, comer sano no es una opción real, sino una posibilidad condicionada.
Las ciudades configuran verdaderos paisajes alimentarios. La distribución de supermercados, mercados tradicionales, tiendas de conveniencia y puestos callejeros define qué tipo de productos predominan en cada zona.
En colonias de menores ingresos, la oferta suele inclinarse hacia bebidas azucaradas, botanas y comida ultraprocesada: productos baratos, disponibles a cualquier hora y de consumo inmediato. En contraste, frutas, verduras y alimentos frescos aparecen con menor frecuencia, a mayor costo o implican más tiempo de preparación.
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El resultado es un entorno que empuja a millones de personas hacia dietas poco saludables, no por preferencia, sino por accesibilidad.
Las consecuencias de esta desigualdad son visibles. El predominio de alimentos con alto contenido calórico y bajo valor nutricional está vinculado con el aumento de enfermedades como obesidad, diabetes y afecciones cardiovasculares, padecimientos que golpean con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables.
De esta forma, la desigualdad urbana no sólo se mide en ingresos o servicios, sino también en la calidad de la alimentación disponible.
El análisis de la Ibero insiste en que mejorar la alimentación en México pasa por transformar los entornos, no sólo por modificar conductas individuales. La disponibilidad de alimentos saludables, su precio y su cercanía deben convertirse en ejes centrales de la planeación urbana y de las políticas públicas.
Fortalecer mercados locales, ampliar la distribución de productos frescos y regular la presencia de ultraprocesados en ciertas zonas son algunas de las acciones que podrían reducir la brecha.
Porque, en el fondo, el acceso a una alimentación adecuada no debería depender del código postal. Mientras las ciudades sigan organizando la oferta de manera desigual, comer bien seguirá siendo más un privilegio que un derecho.
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