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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que exige que los bancos examinen más de cerca la ciudadanía de sus clientes, una nueva medida que forma parte del impulso de su gobierno por endurecer las acciones contra las personas que viven en el país sin autorización.
La orden exige que los reguladores bancarios y los departamentos del gobierno busquen indicios de que personas sin estatus legal abren cuentas u obtienen préstamos o tarjetas de crédito. Sin embargo, es menos agresiva de lo que los bancos esperaban, ya que en informes anteriores se indicaba que la Casa Blanca estaba redactando una orden que haría obligatoria la recopilación de información sobre la ciudadanía de los clientes.
En la orden, la Casa Blanca plantea que los bancos enfrentarían riesgos crediticios si uno de sus clientes fuera deportado y ya no pudiera reembolsar algún préstamo. La Casa Blanca afirmó que no “permitirá riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o de servicios financieros a la población de extranjeros inadmisibles y sujetos a deportación”.
Dado que los bancos nunca han recopilado información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de sus clientes, no existen cifras públicas confiables sobre cuánto riesgo representan estos clientes para el sistema financiero estadounidense.
En un estudio del Urban Institute, de tendencia izquierdista, se estimó que se emitieron entre 5 mil y 6 mil hipotecas a clientes con Números de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés). Estos ITIN suelen ser utilizados por trabajadores sin documentación legal en lugar de un número de Seguro Social.
El instituto calculó que los bancos eran muy reacios a otorgar préstamos a personas con ITIN. En general, las empresas hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac también suelen mostrarse reacias a asegurar hipotecas en las que el prestatario tiene un ITIN, lo que hace aún menos probable que los titulares de este tipo de documentos obtengan una hipoteca.
La Casa Blanca había estado dando señales desde hace varias semanas de un plan sobre algún tipo de orden ejecutiva relacionada con la manera en que los bancos lidian con clientes sin autorización legal en el país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el mes pasado que “debería haber reglas más estrictas” para abrir cuentas bancarias.
“¿Por qué los extranjeros de nacionalidad desconocida pueden venir y abrir una cuenta bancaria?”, cuestionó entontes Bessent.
Mientras aseguraba que se suponía que los ejecutivos bancarios debían “conocer a sus clientes”, preguntó: “Entonces, ¿Cómo conoce a su cliente si no sabe si tiene estatus legal o ilegal, si es ciudadano estadounidense o titular de una tarjeta de residencia?”.
Orden sobre revisión de ciudadanía de clientes bancarios es menos agresiva de lo esperado
En respuesta, la industria bancaria había estado presionando agresivamente durante meses para impedir que la Casa Blanca emitiera una orden ejecutiva que habría hecho obligatoria la recopilación del estatus de ciudadanía de sus clientes, argumentando que sería costoso y requeriría de una enorme cantidad de papeleo. Como la orden únicamente ofrece una recomendación, sin ninguna obligación, parece que los bancos pudieron convencer a la Casa Blanca.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho anteriormente que cualquier orden que obligue a los bancos a recopilar información sobre ciudadanía probablemente tendría como resultado que los inmigrantes sin autorización legal salgan del sistema financiero.
La Casa Blanca ha tomado otras medidas para desalentar a los trabajadores sin autorización legal en el país de usar el sistema financiero. El Departamento del Tesoro anunció en noviembre pasado que reclasificaría ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que impide que algunos contribuyentes inmigrantes los reciban, aun si presentan sus declaraciones, pagan impuestos y cumplen con los demás requisitos.
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Expertos fiscales señalaron que los inmigrantes trasladados a Estados Unidos ilegalmente por sus padres cuando eran niños —conocidos como beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal se verían afectados en gran medida por el cambio previsto.
mcc
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