¿Rastreo o vigilancia? el temor en AL

San José

El uso voluntario en teléfonos celulares de herramientas de seguimiento para permitir a un gobierno local, regional, estatal o nacional recolectar los informes de salud, contactos y movimientos de personas sanas y cruzarlos con los de las víctimas del coronavirus abrió una pugna con dos líneas en ruta de colisión: defender la privacidad individual o reforzar la vigilancia sanitaria social.

La tecnología comenzó a utilizarse en Europa y Asia, mientras que en América Latina y El Caribe es limitada y está en ciernes. Uruguay desplegó el pasado lunes un sistema por telefonía celular para reportar a sus usuarios si estuvieron expuestos a un contagiado por al menos cinco minutos.

Tras someterse desde finales de marzo anterior, como el resto de Colombia, a una severa cuarentena para evitar la propagación del Covid-19, Bogotá inició el primero de junio una reapertura gradual y restringida y lanzó un instrumento similar de acopio de actividades discretas y públicas de los ciudadanos.

“Ojo con políticas de recolección de datos en tiempos de pandemia”, advirtió el político colombiano Carlos Galán, presidente del Concejo de Bogotá, ente que es la máxima autoridad política de esa capital. “¿Qué manejo le va a dar a esos datos el gobierno de Bogotá, por ejemplo? ¿Cómo va a blindar esa recolección para que esas bases de datos no se utilicen de manera indebida?”, tuiteó.

El gobierno bogotano definió 45 opciones por las que sus pobladores tienen permiso de salir de su casa y aprovechar que se flexibilizó la prohibición, pero luego de registrarse en una plataforma digital con identidad, número de teléfono, dirección, motivos de traslados, destinos, medios de transporte y horarios.

La aplicación incluye zonas de contagio en Bogotá, pregunta sobre la salud del individuo o permite avisarle de que estuvo cerca de un enfermo, en un proceso que las autoridades de esa urbe prometieron que respeta el habeas data: el derecho de pedir y obtener los informes que existen acerca de su persona y poder solicitar que sean eliminados o corregidos, por errónea, desactualizada o sin utilidad.

“Vigilar a alguien, saber a dónde, cómo o a qué hora va, transgrede las conquistas en libertades fundamentales. Sería un retroceso muy fuerte con medidas muy peligrosas”, adujo el abogado panameño Miguel Antonio Bernal, catedrático de Derecho Constitucional de la (estatal) Universidad de Panamá.

“No sabemos qué uso terminarán dándole a eso. Debemos ser muy celosos con las libertades ante un neopopulismo autoritario que, aduciendo proteger la salud colectiva, pretende limitar libertades extremadamente sagradas como la privacidad, que es integral, intransferible e inalienable”, declaró Bernal a EL UNIVERSAL.

Al defender el secreto de la información y señalar el éxito de las aplicaciones en Europa y Asia, la italiana Annalisa Melandri, de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de República Dominicana, alegó que “si permiten controlar la difusión del coronavirus, estoy a favor, claro que con garantía de elegir una confiable. Estoy del lado de las ciencias y en la lucha contra el virus son una buena alternativa.

“La duda [surge] en países con arbitrariedades, como en América Latina y El Caribe, y que, sin orden judicial, escuchen llamadas telefónicas, registren viviendas o haya detenciones. En países como Colombia hay que tener más atención”, aclaró Melandri a este diario.

“¡Mucho cuidado!”, afirmó el abogado costarricense Manrique Jiménez, profesor invitado de universidades de Costa Rica y España en Derecho Constitucional y Administrativo.

El sistema “invade el fuero privado: es una forma con la que los centros de poder y de interés político pueden controlar a la población, porque cuando a esta se le invita a notificar todo un conjunto de elementos que se ignora con cuáles fines se usarán, se le invade su libertad”, declaró Jiménez a este medio.

“No sabemos cuáles son las intenciones de esos centros interesados en controlar, manipular o chantajear en algunos momentos determinados”, alertó.