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Miami.— El presidente Donald Trump anunció el 13 de enero pasado que dejará de enviar dinero a las ciudades santuario si no se alinean a su estrategia de operativos antiinmigrantes; esas zonas respondieron con ir a los tribunales. Cuando en Washington le preguntaron qué tipo de fondos concretos se verían afectados, el mandataro respondió, “ya lo verán, será significativo”.
“Ese vacío de precisión es central porque ciudad santuario no es una categoría jurídica cerrada en el derecho federal”, señala Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición de los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), a EL UNIVERSAL.
El Servicio de Investigación del Congreso (CRS), que es el órgano de análisis del Congreso de EU, subraya que “no hay una definición legal” en un estatuto federal de qué constituye una jurisdicción santuario y explica que el término suele referirse a políticas locales que limitan la cooperación con autoridades federales de inmigración en asuntos civiles, no necesariamente en delitos.
En la práctica, ese santuario suele significar que “la policía local no actúa como extensión rutinaria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ni detiene a personas sólo por una solicitud administrativa”, explica Cabrera; “también tiene que ver con límites para cumplir retenciones pedidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) más allá de un margen breve”. El CRS recuerda que muchas políticas permiten cooperación en delitos penales, mientras restringen participación en la aplicación civil de inmigración, que es justamente donde Trump busca obligar un alineamiento total.
La jueza Mary McElroy apuntaló un triunfo a finales de 2025 para la coalición de 12 fiscales generales estatales que, tras ser advertidos hace unos meses de que sus estados enfrentarían una reducción drástica de subvenciones federales por ser considerados “jurisdicciones santuario”, presentaron una demanda contra el gobierno; la querella, promovida por estados gobernados por demócratas, sostiene que Trump está usando el dinero federal como palanca de presión política y fue respaldada por los fiscales generales de California, Illinois, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Vermont y Washington, además delgobernador de Pennsylvania; alegaron que esos recortes los dejaban expuestos a “daños irreparables” ante riesgos como el terrorismo, los desastres naturales y emergencias de gran escala. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, sostuvo que “el anuncio del presidente Trump de que intentará cortar fondos federales a Chicago por razones políticas es descaradamente inconstitucional e inmoral”; añadió que serán “implacables” hasta “recuperar cada dólar” retenido porque “son fondos que pertenecen a la gente de Chicago, no al presidente”.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, también anticipó pleito, dijo que, por los recortes y amenazas, ha sido “probablemente el año más difícil” de su gubernatura porque el estado “no puede reemplazar” fondos federales que son “demasiado grandes”.
En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani dijo que “nuestros valores y nuestras leyes no pueden ser fichas de negociación”, y prometió que “siempre defenderé esta ciudad y a cada persona que llama hogar a esta ciudad, incluso frente a amenazas de retener fondos”.
La gobernadora Kathy Hochul dijo que Nueva York “trabajará con el gobierno federal para ir por criminales peligrosos”, pero que no apoyará “ataques agresivos” a familias trabajadoras y cerró: “Si intentan ir por el financiamiento del que dependen los neoyorquinos, nos veremos en la corte”.
La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), una de las redes más influyentes del estado, citó a su presidente y director ejecutivo, Murad Awawdeh, diciendo que castigar a estados y ciudades que se niegan a participar en ataques “inhumanos y crueles” contra inmigrantes “es una simple táctica de acoso de patio de recreo” y advirtió que “familias trabajadoras, niños y personas mayores” pagarían el precio. Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, confirmó a este diario que “los inmigrantes son el motor de nuestra economía local y cuando las familias inmigrantes se sienten seguras, toda nuestra región prospera”. El Centro de Defensa Legal de Inmigrantes (ImmDef) en voz de su presidente, Álvaro Huerta, afirmó que “las personas inmigrantes en California no son criminales” y que “merecen dignidad y respeto”.
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Desde Chicago, a través de su propio ecosistema proinmigrante a través del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC) y la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) confirmaron a este medio que leyes como la TRUST Act de Illinois y las ordenanzas de bienvenida de Chicago y el condado de Cook nacieron con “fuerte apoyo bipartidista” porque, dicen, hacen a las comunidades más seguras: reducen el miedo a pedir ayuda en emergencias o denunciar delitos y evitan que la policía local quede atrapada en tareas federales.
“El presidente Trump intenta usar la billetera federal para obligar a gobiernos locales a ejecutar políticas federales y las ciudades responden que eso viola el equilibrio de poderes y el federalismo”, comenta Cabrera. Incluso el CRS resume que parte de la disputa es que “los términos son ambiguos y permiten decisiones discrecionales sobre cuál entidad califica como ciudad santuario”. “El mensaje a su base es que castigará a las ciudades y lugares santuarios”, señala CHIRLA; “y otra [consecuencia] jurídica es que podría intentar afectar fondos más vulnerables a condiciones administrativas”, dice.
En Chicago, el profesor Nadav Shoked, de la Escuela de Derecho Pritzker de Northwestern, advirtió que no todas las partidas son iguales; dijo que si el gobierno recorta el mismo tipo de dinero que ya fue bloqueado antes, la ciudad ganará, pero “si es otro tipo de dinero, quién sabe”.
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