El pasado martes 14 de julio, una protesta contra la construcción de un edificio de ocho niveles en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, derivó en bloqueos viales y afectaciones al servicio del Metrobús.
Mientras la constructora GDC denunció que un grupo de personas actuó de forma violenta para impedir el acceso a la obra, vecinos sostienen que el proyecto incumple disposiciones de protección patrimonial y que existe una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo relacionado con el desarrollo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Luis Cardoso, director de Riesgos de GDC Desarrollos, informó que presentó una tercera denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las agresiones registradas.

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Indicó que la denuncia corresponde a los hechos ocurridos el martes, cuando un grupo de personas impidió el acceso al predio ubicado en Avenida Cuauhtémoc 1319 y, de acuerdo con la empresa, agredió físicamente a trabajadores que resguardaban el acceso.
El directivo explicó que la empresa ya había presentado otras dos denuncias relacionadas con el conflicto. Una, dijo, fue interpuesta luego de que un grupo de personas colocó sellos de clausura ciudadana en el inmueble, los cuales -afirmó- carecen de validez legal al no haber sido emitidos por una autoridad competente. La segunda denuncia corresponde a presuntas amenazas contra personal de la obra, ocurridas días antes.
Cardoso sostuvo que el desarrollo cuenta con las autorizaciones necesarias para su construcción y aseguró que, hasta el momento, la empresa no ha sido notificada por alguna autoridad sobre una suspensión de los trabajos o una clausura oficial del predio.
"Existe una suspensión provisional; sin embargo, esta establece que se deben realizar medidas de mitigación, las cuales estamos llevando a cabo. Además, no hemos recibido ninguna notificación en el predio por parte de la autoridad", afirmó.
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Respecto a las inconformidades expresadas por habitantes de Santa Cruz Atoyac, quienes sostienen que el proyecto afecta un pueblo originario y vulnera disposiciones de protección patrimonial, el representante de la empresa aseguró que sí hubo intentos de diálogo.
"Ya tuvimos una mesa de trabajo en Gobierno central y posteriormente presentamos un escrito para buscar acercamiento con los vecinos, pero nunca obtuvimos respuesta", señaló.
El representante de GDC Desarrollos agregó que el día de los hechos personal de la empresa acudió al predio para cumplir una diligencia ordenada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, cuyo propósito era que un actuario verificara los trabajos de mitigación que, aseguró, continúan realizándose en el inmueble. Sin embargo, afirmó que el bloqueo de la vialidad impidió el desarrollo de la inspección.
Según la versión de la empresa, durante el diálogo con quienes identificó como representantes del movimiento vecinal, se explicó que la excavación se encuentra en una etapa que requiere trabajos de mitigación permanentes, especialmente por la temporada de lluvias. Añadió que, incluso, la resolución judicial establece que dichas labores no deben suspenderse por razones de seguridad.
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Asimismo, Cardoso aseguró que la empresa cuenta con videos de las agresiones registradas durante el enfrentamiento y que ese material ya fue entregado como parte de las pruebas presentadas ante la Fiscalía. También sostuvo que, ante la falta de intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con el fin de evitar que el conflicto escalara, el personal permitió que los manifestantes colocaran cadenas en los accesos del predio.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para intervenir en el conflicto y garantizar condiciones de seguridad para continuar con los trabajos.
"Es inadmisible que se sigan viviendo actos de esta naturaleza que ponen en riesgo a los trabajadores y vulneran el Estado de derecho", expresó.
mahc/LL
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