CDHCM investiga muerte de seis mujeres en Santa Martha Acatitla; mantiene abiertos expedientes por posibles violaciones
La CDHCM señaló que mantendrá la supervisión y monitoreo permanente de las condiciones en los centros penitenciarios de la CDMX
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que mantiene avances en las investigaciones por la muerte de seis mujeres que se encontraban recluidas en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.
La CDHCM dijo que realiza monitoreo para identificar y atender los factores estructurales relacionados con el deceso de las mujeres.
Es la Segunda Visitaduría General del organismo la que integra los seis expedientes por los casos, a raíz del mismo número de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, cuatro presentadas por personas peticionarias y dos iniciadas de oficio, se aseguró.
Además, la CDHCM realiza visitas semanales a los centros penitenciarios y lleva a cabo reuniones periódicas con las autoridades penitenciarias para el seguimiento a las condiciones de internamiento y a los procesos de ejecución penal.
También, aseguró, mantiene comunicación permanente con personas privadas de la libertad y sus familias, en seguimiento de los casos.
La CDHCM señaló que mantendrá la supervisión y monitoreo permanente de las condiciones en los centros penitenciarios de la Ciudad de México.
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Diputada había denunciado hechos anteriormente
La diputada local del PAN, Olivia Garza presentó una queja el martes 14 de julio, ante el Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que se investigue la actuación de la Segunda Visitaduría.
EL UNIVERSAL informó que la legisladora señaló que tras la muerte de seis mujeres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la CDHCM haya guardado silencio y se abstenga de emitir un pronunciamiento público.
Previamente, el 7 de julio, Olivia Garza presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) por el deceso de las seis personas privadas de la libertad, en un periodo de apenas 90 días.
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