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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México la iniciativa constitucional anunciada para establecer que el costo de la renta en la vivienda no pueda incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior.
Esta propuesta modifica el artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México referente al derecho a la vivienda, y estipula que, con el propósito de fortalecer el derecho a la vivienda adecuada, al arraigo vecinal, disminuir las desigualdades sociales y territoriales, así como construir relaciones inquilinarias justas у equilibradas, el Gobierno de la Ciudad implementará una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de arrendamiento de vivienda social y asequible, así como mecanismos de acceso a la misma, en particular para poblaciones juveniles y grupos de atención prioritaria.
“El gobierno de la ciudad ampliará permanentemente su reserva territorial para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y asequible a través de la adquisición de suelo. En los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso habitacional la renta no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior reportada por el Inegi”, señala la propuesta.
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Asimismo, se estipula que se conformará una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento habitacional que oriente, difunda y promueva relaciones inquilinarias justas, equilibradas y con certidumbre entre las partes.
Se detalla que esta institución tendrá un mandato conciliador y escuchará a todas y a todos. Su función será ejercida con neutralidad y promoverá la construcción de relaciones inquilinarias justas, equilibradas y con certeza para las partes.
Uno de los artículos transitorios de esta iniciativa precisa que en la Ley de Rentas Justas preverá la naturaleza administrativa de la institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento habitacional.
La propuesta también estipula que las personas habitantes de la ciudad tienen derecho al arraigo vecinal y comunitario, al vínculo social, cultural, económico y territorial y a la permanencia en donde han desarrollado sus proyectos de vida.
“Hoy el Gobierno que encabezo da un paso histórico para que habitar esta Ciudad sea un derecho, no un privilegio. Esta reforma constitucional es un parteaguas en la larga lucha por el territorio, la habitabilidad y la conquista efectiva del derecho a la ciudad. Con esta iniciativa, seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en su Constitución un límite al crecimiento de los alquileres y una obligación concreta de articular políticas públicas contra la gentrificación”, se señala en los argumentos de la propuesta.
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