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Al presentar una primera etapa de su estrategia contra la gentrificación en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció una iniciativa de reforma constitucional para establecer límites al alza de rentas para que no puedan estar por encima de la inflación, y se establezca la obligación del gobierno de aumentar su reserva territorial para vivienda social.
Luego de señalar que en la CDMX, 2 millones de personas habitan en vivienda rentada, la mandataria puntualizó que esta propuesta es un “primer paso” de una estrategia de dos etapas, y está conformada por cuatro ejes que serán “la base” de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que prevé presentar más adelante, y que anunció en julio del año pasado como parte del Bando 1 para combatir la gentrificación.
Se prevé que tanto esta iniciativa de reforma como la propia Ley de Rentas Justas se discutan en el Congreso capitalino hasta el siguiente periodo ordinario, es decir, hasta septiembre.
Los ejes
Brugada Molina explicó que como primer punto se buscará establecer en la Constitución que los precios de las rentas no puedan subir por encima de la inflación.
“Se trata de elevar al máximo nivel jurídico este principio fundamental de justicia. Como ustedes saben, también la Suprema Corte ya resolvió al respecto. Así que es simplemente ser coherentes y presentar esta propuesta, para que se convierta en una base jurídica para la próxima ley”, precisó.
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Como segundo eje se buscará incluir en la Constitución la obligación del gobierno de articular una política integral para incrementar de manera significativa la oferta de vivienda social asequible, así como los mecanismos de acceso a la misma, para contribuir al arraigo vecinal y disminuir las desigualdades territoriales; también se incluye un mandato para que el gobierno continúe aumentando su reserva territorial para vivienda social.
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El tercer punto es incorporar en la Constitución la creación de una institución pública encargada de defender los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios para construir relaciones justas y equilibradas.
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Como último eje, planteó reconocer en la Constitución local el derecho de todos los habitantes al arraigo vecinal y comunitario, además de implementar una política contra la gentrificación y a favor de la justicia territorial.
“Con esta iniciativa seremos la primera ciudad del país y del mundo en establecer en la Constitución un límite al crecimiento de los alquileres y una obligación concreta de articular políticas públicas contra la gentrificación”, dijo.
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