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La Policía Federal Argentina (PFA), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional, detuvo en Palermo a Fernando Farías Laguna, de 47 años de edad y excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar) de México, contra quien existe una ficha roja de Interpol por crimen organizado.
El procedimiento se llevó a cabo en la vía pública, en la intersección de Guatemala y Juan B. Justo, donde el prófugo fue localizado y detenido. El imputado había ingresado a Argentina el 1 de abril de 2026 con una identidad falsa —a nombre de un ciudadano guatemalteco— y se encontraba alojado en un departamento de alquiler temporal en el barrio porteño de Palermo.
Farías Laguna es requerido por el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, a cargo de la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez, en el marco de una causa por “delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”, o sea, huachicol.
Acusaciones contra Farías Laguna
De acuerdo con la investigación, desde 2023 integraba una estructura criminal compuesta por funcionarios públicos, empresas privadas y personal de fuerzas armadas, dedicada al ingreso ilegal de hidrocarburos desde los Estados Unidos hacia México mediante maniobras de simulación comercial. El combustible era declarado como “aceites, lubricantes o aditivos” para evadir controles aduaneros y fiscales.
La operación, conocida como “huachicol fiscal” −contrabando de combustible−, constituye una modalidad compleja de criminalidad organizada que combina contrabando, evasión impositiva y utilización de estructuras empresariales con la intención de encubrir el delito.
A diferencia del robo tradicional de combustible, dicho esquema está basado en la manipulación de registros de importación para introducir gasolina y diésel como productos exentos de impuestos, creando ganancias ilegales millonarias y distorsionando el mercado energético.
El impacto de estas maniobras ha sido significativo: se trata de una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en la región, con pérdidas económicas estimadas en miles de millones para el Estado mexicano.
Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo del juez Julián Ercolini, que tendrá deberá instruir el proceso de extradición correspondiente.
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dft/bmc
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