La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó una sentencia para obligar a todos los partidos políticos de Oaxaca a implementar acciones para prevenir prácticas que afecten la participación política de las mujeres indígenas.
Los integrantes de dicho órgano jurisdiccional consideraron aplicar dicha medida al detectar que la simulación de candidaturas en Oaxaca es un problema estructural que requiere soluciones colectivas y sostenidas.
Durante sesión ordinaria celebrada hoy, confirmaron una resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que determinó medidas de reparación por violencia política de género en el municipio de Chalcatongo de Hidalgo y que se extendieron al resto de los partidos políticos.

Y es que en las elecciones de dicho municipio (2023-2024) una mujer indígena mixteca denunció Violencia Política de Género por actos de simulación de una candidatura bajo la cual solicitó el voto.
Sin embargo, tras resultar ganadora nunca se le tomó protesta de ley debido a que el partido al cual supuestamente representaba jamás la registró oficialmente.
El tribunal local acreditó la violencia política de género en su contra y en una primera instancia la Sala Regional Xalapa modificó su decisión y pidió medidas de reparación integral.
El tribunal local acató la orden y ordenó a todos los partidos acciones para prevenir que se repitan prácticas para sustituir, ocultar o manipular candidaturas en los procesos internos.
Los partidos políticos se inconformaron al considerar que fueron vinculados a una sentencia en la que no fueron parte y que las medidas debían aplicarse únicamente al partido denunciado.
La Sala Regional, (con dos votos a favor y uno en contra del magistrado José Antonio Troncoso) avaló hoy que los partidos con registro local deban implementar medidas de reparación integral para subsanar el daño estructural derivado de la Violencia Política de Género en procesos electorales.
Y consideró que el tribunal local identificó correctamente que este tipo de hechos se deben a condiciones estructurales de todo el Estado, por lo que la prevención de esta clase de conductas corresponde a todos los partidos políticos en salvaguarda no solo de la víctima, sino de todas las mujeres que buscan participar en la vida política.
La magistrada presidenta de dicha sala, Roselia Bustillo Marín explicó que confirmaron que todos los partidos con registro local deben implementar acciones para prevenir prácticas que afecten la participación política de las mujeres indígenas, porque la simulación de candidaturas es un problema estructural que requiere soluciones colectivas y sostenidas.
La magistrada aseguró que la resolución fue correcta porque hubo una deficiencia sistemática y las instituciones tienen la obligación de eliminar todas las barreras históricas
Así como proteger el derecho de mujeres en todas las elecciones, romper el ciclo de desigualdad y reparar estructuras sociales que atentan contra los derechos de las mujeres.
Y aclaró que las medidas ordenadas no constituyen sanción sino acciones preventivas para evitar simulación de candidatura, especialmente de mujeres indígenas.
Se necesitan, insistió, mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia política de género, por lo que la resolución no pretende desconocer métodos partidarios sino reforzar y respaldar medidas de reparación de actos de violencia de género.
aov/cr
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