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Zacatecas.— La masacre de 10 personas, entre empresarios y funcionarios del municipio de Fresnillo, cuyos cuerpos fueron abandonados en tres puntos de Zacatecas, exhibe que la disminución de la violencia presumida durante los últimos años en la entidad respondía más una pax narca y no necesariamente a la efectividad de una estrategia de seguridad, afirmó el especialista en temas de seguridad David Saucedo.
“En este caso queda claro que este supuesto clima de reducción de la violencia en Zacatecas, que incluso fue presentado en las mañaneras por el gobierno federal como ejemplo de la disminución de homicidios, estaba sostenido realmente con alfileres”, expuso.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Saucedo sostuvo que el aparente descenso en los homicidios obedeció a una etapa de “gobernanza criminal”, en la que grupos delictivos delimitaron territorios y redujeron sus confrontaciones directas.
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Advirtió que cuando ese equilibrio se rompe, la violencia resurge sin que las autoridades tengan capacidad para contenerla: “Las autoridades no fueron quienes redujeron la violencia, sino la propia dinámica criminal, y cuando esa dinámica cambia, en automático se dispara la violencia”, señaló.
Consideró que las primeras líneas de investigación dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, que apuntan a una posible extorsión y presunta colusión de autoridades municipales con grupos delictivos, fortalecen esa hipótesis y deja ver que al menos en Fresnillo “hay una sinergia con un sistema de gobernanza criminal”.
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Bajo ese escenario, el especialista estimó que las investigaciones podrían derivar en una Operación Enjambre en Zacatecas, sobre todo si las indagatorias avanzan hacia autoridades municipales, más, si también existe una disputa política entre autoridades por recuperar ese municipio gobernado por la oposición: “Normalmente, los gobiernos en turno utilizan su aparato de justicia para generar dinámicas que les favorezcan electoralmente”.
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Y si existen elementos que sustenten una hipótesis de gobernanza criminal, adelantó, se podrían combinar “una disputa entre grupos criminales y una disputa política por recuperar espacios”.
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Lo anterior, en referencia a que Fresnillo, la tierra natal del gobernador morenista David Monreal Ávila, actualmente está gobernado por Javier Torres Rodríguez, alcalde de extracción priísta.
El especialista tampoco descarta que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación, al tratarse de un caso de alto impacto con posibles delitos de delincuencia organizada, extorsión y presunta colusión de autoridades. Incluso, consideró que una eventual intervención federal podría desarrollarse en un contexto político interno marcado por la definición de la sucesión gubernamental en Zacatecas.
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Plan Zacatecas
David Saucedo dijo que tras este nuevo hecho de violencia, las autoridades federales reaccionan con aplicar “el clásico Plan Zacatecas”, esquema aplicado en otras entidades que consiste en el envío de tropas para patrullajes, retenes y presencia disuasiva.
“Creo que este es como el tercer o cuarto Plan Zacatecas y tendrá el mismo efecto: una reducción temporal de los eventos de alto impacto, dejando intactas las estructuras criminales. Si no hay detenciones de alcaldes, mandos policiacos o jefes de plaza, no hay combate a los grupos criminales”, precisó el experto en temas de seguridad.

Señaló que, en este contexto, las tropas cumplen un papel similar al de “cascos azules para inhibir el choque entre grupos, no enfrentarlos; en otros casos sirve para apoyar a un grupo frente a otro”, y luego retiran a los efectivos sin resolver de fondo el problema de la violencia.
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Insistió en que el despliegue de 400 elementos a la región centro-norte de Zacatecas “sólo tiene un interés de mercadotecnia política y de atención a la crisis”.
Respecto al actuar de las autoridades en cuanto a las investigaciones y operativos, dijo que también podría existir “un deseo de las élites de Morena por construir una narrativa de responsabilidades a las autoridades municipales”, al señalar que el fiscal “casi revictimiza” a las víctimas, sobre todo al revelar los resultados de los exámenes toxicológicos.
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Menciona que, por la forma de actuar del crimen organizado, hace pensar que el grupo que perpetró estos ataques contra funcionarios y empresarios, los vio como como traidores o colaboradores de otro grupo delictivo.
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Refiere que en el mensaje criminal que se dejó junto a los cuerpos, “el grupo criminal se deslinda y responsabiliza a funcionarios de actos de corrupción y de atribuirles actividades que supuestamente no corresponden a esa organización”.
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En redes sociales circuló un video en el que se atribuye el hecho al Cártel de Sinaloa, en específico a la facción de Los Cabrera y Los Mayos; las autoridades no se pronunciaron al respecto.
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