En la última década, las Fuerzas Armadas de México añadieron a sus tareas de seguridad las funciones operativas de un conglomerado corporativo: hoy actúan como contratistas de obra pública, administradoras de aeropuertos y operadores del sistema portuario del país. Esta expansión de sus atribuciones tradicionales se ha consolidado bajo un esquema ambiguo que, mediante excepciones legales y clasificaciones de seguridad nacional, mantiene en la sombra el gasto de más de 271 mil millones de pesos públicos (aproximadamente 15.5 mil millones de dólares) entregados vía contratos entre 2019 y diciembre de 2025.
El contraste histórico de este cambio es drástico. En 2012, bajo los ramos de Defensa (7) y Marina (13) se firmaron 2 mil 683 contratos por apenas mil 912 millones de pesos destinados, principalmente, a insumos internos, como refacciones y medicamentos. Para 2025, esto se transformó en una maquinaria corporativa —que ya incluía a la Guardia Nacional— y que ejerció 76 mil millones de pesos; un monto cinco veces superior a lo contratado durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el análisis hecho por EL UNIVERSAL a los registros de Compranet.
Detrás de este crecimiento exponencial justificado bajo la narrativa oficial de “eliminar la corrupción” en obras y puertos, Natalia Campos, coordinadora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explica que el andamiaje legal de estas contrataciones genera un escenario de opacidad resultado de los vacíos entre la Ley de Obra Pública y la Ley General de Transparencia. Por ejemplo, al ampararse en este marco, las Fuerzas Armadas evaden los estándares que obligan al resto del sector público a transparentar sus operaciones en Compranet, omitiendo la publicación de toda la documentación referente a los contratos, como anexos y desgloses que, por defecto, se tienen que hacer públicos por cualquier otra dependencia civil, dice la especialista.
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Esta explosión presupuestal no llegó en solitario, sino que se consolidó mediante un hub de proveedores recurrentes, en donde prácticamente poco más de una cuarta parte del dinero gastado en el último sexenio terminó repartido en apenas una veintena de empresas.
La radiografía de los 70 mil contratos
El análisis de los registros de Compranet entre 2012 y 2025 revela que el ecosistema de compras relacionado con las Fuerzas Armadas no solo se modificó en montos, sino en operatividad. El Ejército y la Marina pasaron de ser compradores institucionales enfocados en el mantenimiento de sus propios organismos, a convertirse en uno de los principales administradores de la obra pública del país.
En 2012, el patrón de compras estaba dominado por contratos pequeños que rondaban, en promedio, los 713 mil pesos para adquirir, principalmente, refacciones, accesorios e insumos médicos. Dentro de ese universo, el más grande fue un contrato por más de 215 millones de pesos entregado a Axa Seguros para cubrir 15 pólizas anuales de bienes patrimoniales de la Marina; un promedio de 14.3 millones por cada póliza.
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Esta inercia en las compras se mantuvo durante tres años. Aunque en 2015 se observó un brinco presupuestal, el verdadero punto de inflexión llegó en 2018, último año de Enrique Peña Nieto, momento en el que estas contrataciones sufrieron un incremento pronunciado y alcanzaron los 13 mil 231 millones de pesos, un salto que casi duplicó el gasto del año anterior.
El aumento en el ramo 7 (Defensa) fue indiscutible a partir de 2021, cuando dejó de albergar únicamente contratos relacionados con la Defensa Nacional y se añadió todo lo referente con el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Angeles, S.A de C.V., posteriormente llegaron el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. en 2022, la Aerolínea del Estado Mexicano, S.A. de C.V. en 2023 y finalmente el Tren Maya S.A. de C.V. en 2024.
Lo mismo ocurrió en 2021 con el ramo 13 (Marina), año en el que se sumó un nuevo universo presupuestal: las 18 Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) federales y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT); en 2022 se agregó a este apartado la empresa Turística Integral Islas Marías, S.A. de C.V., el Fideicomiso Universidad Marítima y Portuaria de México y en 2023 se completó la transferencia del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
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Para 2025, los ramos de Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana (que es el referente a la Guardia Nacional) ya sumaban 7 mil 361 contratos.
La expansión de funciones provocó un incremento similar en el padrón de contratistas de las Fuerzas Armadas. Antes del cambio de gobierno en 2018, se tenía una lista de 3 mil 329 empresas enfocadas en proveer servicios y materiales logísticos a estas instituciones; sin embargo, la llegada de los militares a las obras civiles y diferentes organismos obligó a abrir la puerta a casi 8 mil 102 nuevos competidores.
Pero el crecimiento de esta lista no se reflejó en una mayor competencia. A pesar de la incorporación de nuevos jugadores, apenas una veintena de contratistas —que llegaron al gasto federal a partir del 2018— acapararon más de un cuarto de los recursos totales de este boom en el presupuesto. Pegsa Construcciones, Gami Ingenieria e Instalaciones, DLG Industrias, Grupo Nacional Provincial, Seguros Atlas y Trans Ce Cargo encabezaron esta lista.
Otra de las firmas que está en ese ranking es Personas y Paquetes por Aire, S.A. de C.V., la cual debutó en 2021 al ganar una licitación de más de mil 358 millones de pesos para adquirir tres plataformas aéreas por un periodo de tres años. Aunque en 2024 la firma estuvo involucrada en la millonaria adquisición de 12 locomotoras de camino y siete de patio para el Tren Maya bajo el ramo de la Sedena por un monto de 2 mil millones de pesos, su aliada en la sociedad, la firma estadounidense ETD Solutions, Inc., fue la única facultada para realizar los cobros, de acuerdo con el convenio de participación conjunta TM/ADQ/11/2023.
Un año después de participar en ese megaproyecto ferroviario, Personas y Paquetes por Aire sufrió una oportuna transformación en su objeto social que la llevó a saltar del sector de transporte aéreo (carga y pasajeros), servicios de logística y comerciar con toda clase de vehículos y aparatos para transporte por tierra a crear un apartado exclusivo dedicado al sector ferroviario, en donde se añaden facultades específicas para la fabricación, venta y arrendamiento de locomotoras diésel, diésel-eléctricas y eléctricas, así como todo tipo de equipo de carga ferroviarios, ajustando sus estatutos legales para consolidarse dentro de este nuevo ramo militar.
En ese mismo círculo de ganadores del sexenio se colocó Gami Ingeniería e Instalaciones. En alianza con Infraestructura Marítima y Portuaria S.A. de C.V., la empresa —recordada por su participación en la construcción del segundo piso del Periférico durante la jefatura de gobierno de López Obrador— obtuvo un contrato en noviembre de 2025 por 5 mil 930 millones de pesos para la construcción de un rompeolas en el puerto de Veracruz, asegurando sus ingresos hasta junio de 2029.
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El entramado veracruzano
El caso de Pegsa Construcciones, empresa insignia de infraestructura y obra civil monumental de Grupo DUXON, es uno de los más relevantes de este boom contractual. Pasó de no figurar en los registros federales a ocupar el primer lugar entre los proveedores con mayores ganancias durante el actual sexenio. La firma rediseñó su objeto social en 2021 para dejar la construcción de casas y edificios de interés social, puentes generales y la comercialización de material eléctrico y ferretero, entre otros, y saltar a la infraestructura naval, ferroviaria y energética, de acuerdo con el análisis de las actas reportadas en el Registro Público del Comercio.
Esta modificación la llevó a ganar en 2023 su primera licitación con la ASIPONA-Ensenada, bajo el ramo de la Marina, por 149 millones de pesos para la “Construcción del Centro de Control de Tráfico Marítimo del Puerto de Ensenada, B.C.”. Y aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió observaciones sobre el desarrollo de la obra debido a la fijación de precios y la falta de documentación legal que justificara los pagos por conceptos extraordinarios, esto no frenó su ascenso comercial.
En 2025, con apenas dos años de experiencia en contratos de obra pública de gran magnitud, esta compañía obtuvo por adjudicación directa —es decir, sin competir contra nadie— la “Construcción de la Ampliación del Puerto de Dos Bocas”. Este acuerdo es uno de los más redituables, no solo porque es superior a los 7 mil millones de pesos, sino por su vigencia: un acuerdo plurianual que le garantiza ingresos a la constructora hasta 2029.
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Sobre este contrato millonario que se encuentra bajo el ramo 13, la Marina especificó que aunque es la cabeza de sector, ellos solo verifican el apego a la normatividad sin intervenir en la ejecución directa de los procesos de contratación, ya que la Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas es una entidad paraestatal con personalidad jurídica y patrimonio propios.
El crecimiento de Pegsa está enlazado a la estructura de Grupo Duxon, un consorcio con sede en Boca del Río, Veracruz, que opera otras ocho empresas. El análisis de los contratos y actas constitutivas revela que este conglomerado logró una concentración de los recursos de la ASIPONA Dos Bocas operando de manera simultánea a través de diversas razones sociales que incursionaron casi al mismo tiempo. -Una ASIPONA es la empresa que administra un puerto mexicano-.
En 2021, Sepiver, la representante de la división de seguridad de Grupo DUXON, obtuvo su primera adjudicación por 5.7 millones de pesos para hacerse cargo de la vigilancia de la ASIPONA Coatzacoalcos; para diciembre de 2025, ya sumaba 28 contratos por más de mil 300 millones de pesos.
Al mismo tiempo, las filiales Servicios y Soluciones La Heroica y Vitalcare del Golfo, inscritas ante el Registro Público de la Propiedad en 2018 y 2021, respectivamente, llegaron a la lista de proveedores en 2022. Entre ambas han ganado más de 340 millones de pesos bajo conceptos diversos, que abarcan desde el arrendamiento de ambulancias hasta la administración de personal para la Central de Emergencias Portuaria de la ASIPONA Dos Bocas.
La última en incorporarse fue Todo México por Mar, una empresa constituida a inicios de 2025 que en abril de 2026 ganó por invitación un contrato de 2.9 millones de pesos con la misma ASIPONA para la inspección marina con vehículos operados remotamente. Su acta constitutiva muestra la unión de este entramado: esta última compañía tiene entre sus socios a Sintegra Capital, registrada en 2023, y que tiene en su capital social a Duxon Capital Management.
El análisis de los datos de Compranet muestra que el consorcio veracruzano ha concentrado los servicios de la infraestructura portuaria del sureste. Mediante esta red de firmas cruzadas, el grupo obtuvo más de 9 mil millones de pesos entre 2021 y 2025, es decir, se quedó con casi nueve de cada 10 pesos del monto total de los contratos ejercidos por la ASIPONA de Dos Bocas.
Referente a esta probable concentración de recursos, la Semar aseguró que el sistema de contrataciones pública en México tiene mecanismos para prevenir prácticas contrarias a la competencia, conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, y ellos, como organismo, han promovido la difusión y cumplimiento de estas disposiciones a todas las instituciones, empresas y organismos bajo su mando.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue consultada para conocer los controles que aplica en la administración de sus nuevas obras y empresas paraestatales, pero no se obtuvo respuesta.





