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Gobierno de Campeche expropia cuatro predios vinculados a familiares de "Alito" Moreno; suman 70 mil metros cuadrados

Presuntamente, una de las propiedades pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del senador

Expropian cuatro predios vinculados a personas cercanas de Aliro Moreno en Campeche (30/09/2025). Foto: Especial
30/09/2025 |20:04
Yazmín Rodríguez Galaz
Corresponsal en YucatánVer perfil

San Francisco de Campeche, Yucatán.- El Gobierno de Campeche declaró de utilidad pública cuatro predios en el fraccionamiento Miramar, vinculados a familiares y cercanos del senador , donde se construirá lade la UN Rosario Castellanos.





Los predios cubren una extensión de 70 mil metros cuadrados.

Las propiedades, al parecer entre ellas una de su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, fueron señaladas por estar junto a la conocida mansión de “Alito”.

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Asimismo, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román destacó que el proyecto universitario va en función con la política educativa promovida por la presidenta y tiene el propósito de ampliar la oferta de estudios en ciencias de la salud.

El decreto, publicado en el Diario Oficial del Estado, se sustenta en el dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno el pasado 26 de septiembre, donde se argumenta que la medida responde a una “causa de utilidad pública”.

De acuerdo con la declaratoria, uno de los terrenos pertenece a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre del dirigente nacional del PRI y senador Alejandro Moreno Cárdenas.

Uno de los predios expropiados pertenece supuestamente a la mamá de Aliro Moreno (30/09/2025). Foto: Especial

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Otros dos son propiedad del empresario Juan José Salazar Ferrer, a quien la gobernadora ha señalado como supuesto prestanombres del ex mandatario campechano.

El cuarto predio corresponde a Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, este último actual titular de la Oficina de la Gobernadora.

Hay que recordar que la reforma a la Ley de Expropiación redujo a cinco días hábiles el plazo para que los propietarios afectados presenten alegatos y extendió hasta por diez años el tiempo para cubrir indemnizaciones; y dejó en manos del Ejecutivo estatal la valuación de los terrenos.

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