Silao, Gto.- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gerardo Vázquez Alatriste, presentó una iniciativa de ley para que se otorguen facultades a las fiscalías estatales de investigar y judicializar casos en materia de delincuencia organizada.
El abogado formuló la propuesta con el aval de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, para que sea ingresada al Congreso Local y de ser aprobada por este poder, se remita al Congreso de la Unión para su análisis y discusión.
Vázquez Alatriste señaló que las fiscalías estatales conocen, investigan delitos, atienden a las víctimas y conocen de primera mano lo que ocurre en los municipios, regiones y comunidades; sin embargo, en temas vinculados con la delincuencia organizada, la facultad de investigación recae principalmente en las autoridades federales.

“Lo que proponemos es abrir la posibilidad a una mayor colaboración entre la Federación y los estados, para enfrentar de manera más eficaz a quienes lastiman a nuestras comunidades”, acotó.
La propuesta plantea sumar capacidades, compartir responsabilidades y construir un mecanismo más efectivo de actuación conjunta.
La gobernadora dijo que cuando se trata de proteger a las familias no debe haber barreras que limiten la colaboración entre autoridades.
Dijo que la iniciativa del titular de la FGE representa una aportación seria, responsable y jurídicamente sustentada al debate nacional sobre seguridad y justicia. México necesita instituciones que trabajen unidas para enfrentar los desafíos actuales.
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“Los retos actuales exigen instituciones más coordinadas, más eficaces y con mayores capacidades para responder ante la delincuencia organizada”, aseveró la gobernadora, tras sostener su respaldo a la propuesta legislativa.
Por otra parte, en la presentación del Informe Anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, en donde estuvo la mandataria estatal, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez, destacó que durante el último año se consolidó una política pública con enfoque preventivo.
En ese contexto, implementó 87 medidas de protección, puso en marcha mecanismos de apoyo inmediato y fortaleció herramientas como el Atlas de Riesgos 2025, posicionando a Guanajuato como una de las entidades con mayores avances institucionales en materia de protección a periodistas y personas defensoras.
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