Detectan irregularidades en millonario contrato con empresa de tecnología en Poder Judicial yucateco; fue contratada por adjudicación directa

Mérida, Yucatán.- Una investigación interna del Poder Judicial del Estado de Yucatán (PJY), encendió las alertas tras la detección de presuntas irregularidades graves en la contratación de la empresa TotalSystems.

Esa empresa fue responsable de la ejecución del sistema SAPROJ, un proyecto tecnológico que habría representado una inversión superior a los 30 millones de pesos.

De acuerdo con información que comenzó a fluir desde instancias internas del propio PJY, la empresa fue contratada mediante adjudicación directa en diciembre del 2023, bajo el contrato DAF-46/2023 AD, durante la administración gubernamental de Mauricio Vila Dosal.

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De acuerdo a informes preliminares, esto ocurrió de manera coincidente con el inicio del periodo de campañas electorales, un contexto que ha generado dudas sobre el momento y las condiciones en que se autorizó el acuerdo.

Los hallazgos preliminares señalan que el monto total del contrato habría sido pagado en su totalidad, sin que exista evidencia clara, verificable y pública que respalde el trabajo efectivamente realizado.

Incluso, al interior del Poder Judicial solo se tendría acreditado un avance aproximado del 5 por ciento del proyecto, sin haberse entregado cuestiones funcionales, documentación técnica, informes de implementación, sistemas operativos ni productos finales que justifiquen el uso de los recursos públicos.

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A esta indagación se suma un elemento considerado especialmente delicado: las garantías contractuales únicamente ampararían alrededor de 18 millones de pesos, una cifra significativamente menor al monto total contratado, lo que ha generado preocupación por la insuficiente protección del erario ante un eventual incumplimiento.

Aunque se había mantenido en el ámbito interno, la situación ha comenzado a generar malestar y cuestionamientos de fondo dentro del Poder Judicial, ante la posibilidad de que se determinen acciones administrativas y se deslinden responsabilidades sobre este presunto mal maneja en el Poder Judicial de Yucatán.

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