Congreso de Veracruz impulsa nuevas reformas judiciales; buscan el fortalecimiento y la profundización de funciones del Poder Judicial
La próxima elección de magistraturas y judicaturas en Veracruz se celebrará el primer domingo de junio de 2028
El pleno del Congreso de Veracruz aprobó reformas constitucionales en materia judicial para cumplir el mandato de armonización federal y, de paso, corregir asimetrías, simplificar procesos y blindar la autonomía de dicho poder.
Con 36 votos a favor, seis votos en contra y cero abstenciones, se aprobaron los cambios legales que buscan el fortalecimiento y la profundización de las funciones del Poder Judicial.
De tal forma que ahora la próxima elección de magistraturas y judicaturas en Veracruz se celebrará el primer domingo de junio de 2028; se trata de una prórroga en el calendario que –dijeron los legisladores– responde a criterios estrictamente técnicos y operativos.
Además, perfeccionará el procedimiento de selección inicial mediante la reestructuración de los Comités de Evaluación de los tres Poderes del Estado, pues cada uno de estos estaría compuesto por cinco personas honorables y de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, quienes elegirán de entre sus miembros a su propio coordinador.
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Introduce la figura de la Comisión Coordinadora como un órgano colegiado que asumiría la función institucional de emitir acuerdos unificados y establecer metodologías de evaluación homologadas, a fin de garantizar que los tres Comités funcionen bajo un mismo estándar técnico, evitando criterios discrepantes o arbitrarios entre los poderes postulantes.
También un sistema de selección estructurado en dos etapas: de evaluación de excelencia y depuración aleatoria, e inscribe la paridad de género desde la estructura inicial del proceso.
En el mismo sentido, presenta las bases generales de organización que delegan la conducción de los procesos comiciales en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) y le confiere la responsabilidad de planificar, regular e instrumentar el despliegue técnico y logístico de la jornada ordinaria.
Se busca conjugar la legitimidad de la participación democrática con rigurosos criterios de excelencia técnica, un esquema de paridad automatizado y un control posterior del desempeño jurisdiccional.
Ello garantizando la transición hacia una judicatura independiente, profesional y cercana a las realidades sociales, consolidándose un sistema de justicia cuyo único compromiso sea la aplicación imparcial de la ley y el resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
En un artículo se estableció que las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial que resulten electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 durarán tres y cinco años en el cargo, por lo que su nombramiento vencerá en 2028 para dos de ellos y en 2030 para los otros tres, en función del número de votos que obtenga cada candidatura, correspondiendo un periodo mayor a quien alcance la mayor votación.
Y otro más señala que el órgano de administración judicial tendrá como fecha límite los primeros diez días de abril de 2027 para enviar al Congreso del Estado un informe sobre la situación de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina y de Conciliación y Arbitraje, así como de las juezas y los jueces de Primera Instancia.
El Grupo Legislativo de Morena indicó que esta reforma enfatiza la mejoría de la evaluación y calidad democrática que ahora revisa el Poder Judicial y representa la profundización del modelo innovador democrático y esencialmente transformador que se puso en marcha en 2024 en materia de impacto de justicia.
La diputada del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), Indira de Jesús Rosales San Román, cuestionó la intención de las reformas propuestas y rechazó que la justicia sea selectiva y controlable, que sirva para proteger a los delincuentes, castigar a adversarios y justificar todo con tal de acceder al poder, lo cual calificó como “el peor mal que tiene nuestro país”.
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