Dos alcaldes de Movimiento Ciudadano en Veracruz enfrentan juicios de desafuero; uno vinculado a caso de la periodista Roxana Guzmán

Dos alcaldes emanados del Partido Movimiento Ciudadano enfrentan un posible juicio de procedencia (desafuero) tras ser acusados por la Fiscalía General del Estado de Veracruz de diversos delitos.

Se trata del alcalde de Ixuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, a quien las autoridades ministeriales vinculan con la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Ramírez; y del alcalde de Usrsulo Galván, Bertín Bravo, a quien se señala de la desaparición forzada de un empresario y su chofer.

La Fiscalía General del Estado presentó ante el Congreso del Estado las solicitudes de juicio de procedencia en contra de ambos presidentes municipales, ello con el fin que se les sea retirado el fuero constitucional y puedan ser detenidos.

Las comisiones permanentes unidas de Gobernación, y de Justicia y Puntos Constitucionales dictaminaron que hay elementos suficientes para poder retirar el fuero a los alcaldes, por lo que el expediente fue turnado a la Comisión Instructora.

Los diputados integrantes de dicha comisión citaron a los alcaldes el próximo 28 de julio para que declaren lo que mejor les convenga; a partir de dicha comparecencia, la Comisión Instructora determinará si hay elementos suficientes para someter al pleno del Congreso la solicitud de desafuero, El expediente de la Fiscalía General del Estado, entregado al Congreso del Estado, señala al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez de ser el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y asesinato de la comunicadora Roxana Ramírez.

El organismo autónomo aseguró contar con un testigo que afirmó que el alcalde pidió comunicación con un jefe de plaza delincuencial de la zona para que plagiaran a la comunicadora porque supuestamente tenía en su poder una fotografía en la que aparece con un arma de fuego.

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Por el caso de la reportera, cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste fueron detenidos y están bajo juicio por su presunta participación en el caso que conmocionó al estado.

Previamente, el alcalde se había enfrentado políticamente al gobierno del Estado, ello cuando la secretaria de Desarrollo Social, Eusebia Cortés Pérez acudió al municipio a entregar apoyos sin notificar a la autoridad local. El hecho causó dimes y diretes.

En tanto, al alcalde de Usrsulo Galván, Bertín Bravo, la fiscalía lo señala de la desaparición forzada del empresario minero, Héctor Ramos Sánchez y de su chofer, Ignacio López, un hecho ocurrido en mayo pasado.

De acuerdo con la indagatoria, el munícipe presuntamente citó en su domicilio al hombre de negocios, a quien –según testigos- le presentaría a un jefe de plaza delincuencial, y desde entonces no volvieron a ser vistas las víctimas.

La investigación incluyó diversos videos de seguridad donde se observó al empresario y a su chófer ingresar a la zona donde habita el alcalde, pero nunca salir.

Ante ambos casos, el Partido Movimiento Ciudadano exigió a la Fiscalía General del Estado actuar con estricto apego a la ley, con autonomía y neutralidad, y que no sea utilizada como un brazo ejecutor ni como una herramienta de persecusión en contra de adversarios del régimen.

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“Exigimos el cese inmediato de cualquier acto de persecución política contra integrantes de nuestro movimiento o contra cualquier ciudadano que sea presionado por pensar distinto, señalar abusos o defender una causa legítima”, dijo.

En un comunicado de prensa firmado por los principales liderazgos del partido naranja, recordó que Veracruz vive una realidad dolorosa: miles de familias buscando a sus desaparecidos, miles de víctimas de homicidio y cientos de periodistas que han sido agredidos, amenazados o atacados.

“En Movimiento Ciudadano estamos y estaremos siempre del lado de las víctimas, de sus familias y de la justicia. Por eso resulta profundamente preocupante que, frente a los delitos que lastiman todos los días a Veracruz, la justicia avance con lentitud, silencio e impunidad; pero cuando se trata de adversarios políticos, las instituciones parezcan actuar con una rapidez selectiva”, acusó.

Recordó que durante el gobierno de Cuitláhuac García y ahora con Rocío Nahle, no se combatió ni combate al crimen organizado, pero sí se persiguió y persiguen a opositores, periodistas, académicos y funcionarios.

“Encarcelar por motivos políticos a quien piensa diferente no debió ni debe permitirse nunca”, advirtió y aclaro que Movimiento Ciudadano está a favor de que cualquier conducta delictiva sea investigada y sancionada conforme a derecho.

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