Comisión Permanente del Congreso de Veracruz realiza audiencias de desafuero; comparecen dos alcaldes de Movimiento Ciudadano
El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, está señalado de la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Guzmán; mientras que al alcalde de Ursulo Galván, Bertín Bravo, estaría vinculado con la desaparición forzada de un empresario y su chofer
Integrantes de la Comisión Permanente Instructora del Congreso de Veracruz, llevaron a cabo las audiencias de pruebas y alegatos de autoridades ministeriales y dos alcaldes de Movimiento Ciudadano que enfrentan un juicio de procedencia (desafuero).
Representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los presidentes municipales de Úrsulo Galván e Ixhuatlán del Sureste, acompañados de sus representantes legales, formaron parte de dicho procedimiento legislativo.
Al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, las autoridades ministeriales lo vinculan con la privación ilegal de la libertad y asesinato de la reportera Roxana Guzmán Ramírez; y al alcalde de Ursulo Galván, Bertín Bravo, se le señala de la desaparición forzada de un empresario y su chofer.
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Las audiencias, realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia del estado, se llevaron a cabo con la finalidad de que los servidores públicos puedan manifestar lo que a su derecho convenga.
El juicio de procedencia y la posible aprobación del desafuero, no implica la culpabilidad de los alcaldes, sino el retiro del fuero constitucional con que cuentan para que enfrenten un posible juicio.
A las 10:00 horas, los diputados atendieron la primera audiencia de pruebas y alegatos entre personal de la FGE y el presidente municipal de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien llegó acompañado de su defensor legal.
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Al alcalde de Ursulo Galván, Bertín Bravo, la fiscalía lo señala de la desaparición forzada del empresario minero, Héctor Ramos Sánchez y de su chofer, Ignacio López, un hecho ocurrido en mayo pasado.
De acuerdo con la indagatoria, el munícipe presuntamente citó en su domicilio al hombre de negocios, a quien –según testigos- le presentaría a un jefe de plaza delincuencial, y desde entonces no volvieron a ser vistas las víctimas.
La investigación incluyó diversos videos de seguridad donde se observó al empresario y a su chófer ingresar a la zona donde habita el alcalde, pero nunca salir.
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A las 16:00 horas, los legisladores recibieron a los representantes de la Fiscalía y el presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, quien acudió al lado de su abogado.
El expediente de la Fiscalía General del Estado, entregado al Congreso del Estado, señala al alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez de ser el presunto autor intelectual de la privación de la libertad y asesinato de la comunicadora Roxana Ramírez.
El organismo autónomo aseguró contar con un testigo que afirmó que el alcalde pidió comunicación con un jefe de plaza delincuencial de la zona para que plagiaran a la comunicadora.
El presidente municipal ha negado cualquier participación en los hechos e incluso reveló que no conocía personalmente a la comunicadora asesinada.
El diputado presidente de la Comisión Instructora, Facundo Fernández de la Cruz, expresó que estos procedimientos se realizan con estricto apego a la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Precisó que el Congreso no establece si los servidores públicos son responsables, sino que, con base en lo expuesto por las partes, determina si el proceso va hacia la siguiente fase, que sería poner a consideración del Pleno, mediante un dictamen, la solicitud de Declaración de Procedencia.
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