Coatzacoalcos, Veracruz. - Un hombre y una mujer fueron aprehendidos por agentes de la Policía Ministerial como presuntos responsables del ataque armado ocurrido el martes pasado en unas oficinas privadas del puerto de Coatzacoalcos, sur de Veracruz, lo que dejó cuatro muertos y dos heridos.
De acuerdo con un reporte oficial, la Dirección General de la Policía Ministerial cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Leydi Isabel “N” y Javier Ulises “N”, como presuntos responsables del delito de homicidio.
Al momento de su detención, les fue asegurada un arma de fuego, presuntamente utilizada en el ataque armado ocurrido en las oficinas de una financiera ubicada en un edificio de la colonia María de la Piedad de la cabecera municipal de Coatzacoalcos.

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La Fiscalía General del Estado, reportó que los detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, el cual definirá su situación jurídica en la próxima audiencia inicial.
Y según versiones policiales, hay una búsqueda para aprehender a otros implicados en el hecho de violencia que causó zozobra entre los habitantes de esa región del sur del estado.
Fue la tarde del martes en un edificio privado donde los sicarios mataron a cuatro personas (una mujer y tres hombres) y dejaron heridas de bala a dos mujeres más, las cuales fueron trasladadas a hospitales de la zona donde se les reporta como graves.
Durante los dos primeros meses del año, se han registrado 151 asesinatos en territorio veracruzano, según el reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno federal, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
En el mes de enero, fueron 83 homicidios y para febrero la cifra alcanzó los 68; en promedio se registraron más de dos homicidios al día.
Y durante el año pasado, Veracruz registró 83 casos de violencia extrema, según documentó la organización civil Causa en Común. Se trató de masacres, mutilaciones, descuartizamientos, así como asesinatos a policías, políticos y torturas, entre otros.
Los registros del mayor número de casos de alto impacto los ocuparon los estados Sinaloa (641), Guanajuato (477) y Guerrero (384).
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