La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estimó en 467 mil millones de dólares el monto de los bienes falsificados o piratería que se comercian a nivel global.
En el documento “De lo falso al trabajo forzoso, evidencia de la correlación entre el comercio ilícito de falsificaciones y la explotación laboral”, dijo que detrás de este impacto existen redes de explotación laboral, incluida la mano de obra forzosa, la explotación infantil, entre otros problemas de violación de derechos humanos.
Además, se detectó que hay grupos criminales operando esas actividades ilegales de falsificación de productos, lo que afecta más a los trabajadores más vulnerables y desprotegidos, ya que ello minimiza los costos de producción e incrementa las ganancias ilícitas.

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El informe hecho por la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) expuso que hay países que son fuentes o puntos de tránsito de bienes falsificados, los cuales tienden a mostrar mayores niveles de explotación laboral, incluido el trabajo infantil, el empleo informal, jornadas laborales más largas, protecciones laborales más débiles y una mayor incidencia de lesiones laborales fatales.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el trabajo forzoso genera 236 mil millones de dólares en ganancias ilícitas anualmente en todo el mundo, lo que refleja un rol sistemático de explotación en modelos de negocio criminal.
Si se eliminara el trabajo forzoso la economía global incrementaría su Producto Interno Bruto (PIB) en 611 mil millones de dólares.
La OCDE dijo que hay una relación entre la baja protección laboral y la existencia de redes de explotación de trabajadores, porque al no defenderse los derechos de las personas se crean condiciones para que operen los falsificadores.
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Por ello, llamó a los gobiernos a fortalecer las normas laborales y combatir el comercio de bienes falsificados.
Además de que, debiera haber “acciones de política pública integrales, incluida una mayor integración entre la aplicación aduanera y las inspecciones laborales y las medidas contra la trata, la promoción de una conducta empresarial responsable para respaldar la integridad del comercio y el cumplimiento de las normas laborales, así como un mayor análisis para evaluar los riesgos”.
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