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En México, alrededor de 1.3 millones de personas aún no tienen acceso a electricidad, a pesar de que la cobertura nacional supera el 98.95%. Este rezago energético afecta principalmente a comunidades rurales e indígenas, donde la falta de luz limita el acceso a servicios de salud, educación y desarrollo económico.
Una clínica rural que cierra al anochecer porque no cuenta con energía eléctrica para operar. Niños que estudian sin ventilación ni herramientas digitales mientras en zonas urbanas estos recursos son parte de la vida cotidiana. Para millones de mexicanos, la falta de electricidad no es solo una carencia técnica: es una barrera estructural que impide el ejercicio pleno de derechos como la salud, la educación y la alimentación.
“La energía debe entenderse como un insumo esencial para garantizar condiciones mínimas de bienestar”, señala María de la Concepción Sánchez, investigadora del Laboratorio de Gestión Inteligente de la Energía en el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ).
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Este rezago forma parte de lo que especialistas denominan pobreza energética, una condición que limita el acceso a servicios básicos y profundiza las brechas sociales. De acuerdo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el acceso a la electricidad puede incrementar los ingresos de los hogares entre 10% y 30%, al facilitar actividades productivas, extender horarios laborales y mejorar las condiciones de aprendizaje. En otras palabras, la electricidad no solo ilumina: también genera movilidad social.
Electrificación en comunidades indígenas: una deuda histórica en México
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) anunciaron proyectos de electrificación en zonas de alta marginación que combinan sistemas solares con extensiones de red convencional para atender regiones de difícil acceso, entre ellas la Sierra Tarahumara.
La meta inmediata es beneficiar a más de 28 mil personas en comunidades que, por su ubicación geográfica, han permanecido aisladas energéticamente durante décadas.
“El principal objetivo de este convenio es saldar una deuda histórica con los pueblos originarios, transformando la calidad de vida de miles de familias”, indicaron ambos organismos en un comunicado conjunto.
Entre 2018 y 2024, la CFE incorporó a 184 mil beneficiarios al sistema eléctrico nacional. Para 2028, se proyecta alcanzar a 295 mil habitantes distribuidos en 4 mil 473 comunidades rurales, indígenas y zonas urbanas marginadas.
“Ese logro en materia de pobreza energética es fundamental porque la energía es el motor de las actividades y del desarrollo del país”, afirmó Luz Elena González, secretaria de Energía.
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¿Debe ser la electricidad un derecho constitucional en México?
Para millones de mexicanos, la falta de electricidad no es solo una carencia técnica: es una barrera estructural que impide el ejercicio pleno de derechos considerados en la Constitución como la salud, la educación y la alimentación.
Actualmente, existen dos iniciativas —una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados— que buscan incorporar el acceso a la electricidad como un derecho constitucional. Ambas parten de una premisa: la energía dejó de ser un servicio accesorio para convertirse en un elemento indispensable para garantizar condiciones básicas de bienestar.
La discusión legislativa podría darle a ese millón 300 mil mexicanos algo más que luz: el reconocimiento formal de que, sin electricidad, los derechos no se apagan, pero tampoco terminan de encenderse.
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