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La próxima visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, coloca al Estado mexicano ante la presión internacional de reconocer la magnitud de la crisis de desaparición de personas, marcada por el aumento sostenido de casos, más de 70 mil cuerpos sin identificar y una impunidad prácticamente absoluta, advirtió el jurista Santiago Corcuera.
Durante la conferencia “Desaparecidos en México: memoria, verdad y exigencia de justicia”, organizada por la Universidad Iberoamericana, el exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sostuvo que la visita de dicho funcionario internacional abre una “ventana clave” para que el gobierno mexicano deje de minimizar el problema y se acerque a los mecanismos internacionales que han ofrecido colaboración.
El especialista subrayó que el reto no es únicamente dimensionar la crisis, sino aceptar la “mano tendida” del Comité para atenderla progresivamente, en un contexto donde las desapariciones siguen en aumento y las instituciones no han dado resultados efectivos en búsqueda e identificación.
Corcuera alertó que la crisis forense se ha agravado de manera significativa. Mientras el Comité documentaba alrededor de 50 mil cuerpos sin identificar en años recientes, estimaciones actuales apuntan a más de 70 mil e inclusive 80 mil, lo cual evidencia el rezago institucional. A esto se suma una impunidad casi total en los casos, situación que ha llevado a instancias internacionales a escalar el tema dentro del sistema de Naciones Unidas.
“La situación no mejora y las desapariciones siguen aumentando”, enfatizó.
En el mismo foro, familiares de víctimas expusieron el costo humano de la crisis. Javier Piña y María Tránsito Barajas, padres de Guadalupe Barajas Piña —desaparecida en 2020 y localizada sin vida un año después— denunciaron que buscar a sus seres queridos en México implica riesgos extremos.
“Buscar a nuestros desaparecidos no debería llevarnos a la muerte”, reclamó Piña, al recordar que su hijo, Javier Barajas, fue asesinado tras involucrarse en la búsqueda de su hermana.
Los familiares acusaron negligencia y omisiones por parte de autoridades ministeriales. “Mi hija duró ocho días con vida y no fueron para rescatarla”, lamentó Piña, mientras que Barajas sostuvo que los avances en justicia han sido resultado de la presión de las familias y no de la actuación del Estado: “Sentimos que el Estado nos debe esa justicia… se la hemos estado arrancando a la fuerza”.
Desde la sociedad civil, Humberto Guerrero, integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, criticó la respuesta del gobierno federal frente a los señalamientos internacionales, al considerar que ha optado por minimizar la gravedad del fenómeno.
Indicó que, incluso tomando cifras oficiales, México enfrenta al menos decenas de miles de personas desaparecidas, lo que calificó como una tragedia de gran escala. “Es lamentable que el mensaje sea tratar de minimizar el problema”, señaló.
Por su parte, Andrea Horcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, advirtió que la desconfianza de las familias hacia las instituciones es resultado de años de omisiones, falta de resultados y ausencia de información clara.
También alertó sobre la carencia de datos oficiales suficientes para dimensionar fenómenos asociados, como el desplazamiento forzado y la propia crisis forense, lo que limita la capacidad de respuesta del Estado.
“Decir que México puede resolver esto sin apoyo internacional es faltarle a la verdad”, afirmó.
En ese contexto, especialistas coincidieron en que el crecimiento de colectivos de búsqueda refleja el agravamiento del problema. Cada vez más familias se organizan ante la falta de respuestas institucionales, lo que evidencia tanto la dimensión de la crisis como la ausencia de una política eficaz del Estado.
“Cada vez hay más colectivos porque cada vez hay más desaparecidos”, concluyó Corcuera.
Colectivos evidencian crisis
En México existen más de 200 colectivos de búsqueda, cifra que continúa en aumento, en un país con más de 132 mil personas desaparecidas y más de 83 mil restos sin identificar, lo que confirma una crisis humanitaria en expansión, advirtió Andrea Horcasitas, encargada del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana CDMX, quien subrayó que la proliferación de dichos grupos refleja la incapacidad del Estado para responder y la urgencia de verdad y justicia.
Durante una conferencia organizada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, especialistas, asociaciones civiles y familiares de víctimas coincidieron en que la desaparición de personas en México no sólo persiste, sino que se agrava de modo sostenido.
El jurista Santiago Corcuera, exintegrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), explicó que la decisión de este organismo de llevar el caso mexicano ante la Asamblea General responde a la falta de resultados pese a los avances normativos.
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“El Comité ha documentado que las desapariciones siguen en aumento a un ritmo sostenido y alarmante”, indicó.
Detalló que la crisis forense también se ha profundizado: de alrededor de 50 mil cuerpos sin identificar en 2021, se ha pasado a más de 70 mil, e inclusive más de 80 mil, de acuerdo con diferentes análisis. Además, recordó que la impunidad en estos casos ha sido calificada como “casi absoluta”.
Corcuera advirtió que el organismo internacional aseguró que en México existe una situación de desapariciones “generalizadas y sistemáticas”, con indicios de posibles crímenes de lesa humanidad.
“El problema no es la falta de leyes, sino la falta de resultados: no disminuyen las desapariciones, no se identifican los cuerpos y no hay sentencias”, sostuvo.
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Familias denuncian abandono institucional
El testimonio de familiares evidenció la dimensión humana de la crisis. Javier Barajas y María Tránsito Piña, padres de Guadalupe Barajas —desaparecida en 2020—, denunciaron negligencia, revictimización y omisiones por parte de autoridades.
Relataron que su hija permaneció con vida entre ocho y 10 días después de su desaparición sin que fuera rescatada, a pesar de que las autoridades tenían información sobre los responsables. Luego su hijo fue asesinado tras participar en labores de búsqueda.
“Buscar a nuestros desaparecidos no debería costarnos la vida”, reclamaron.
También señalaron que las fiscalías obligan a las familias a investigar por su cuenta, minimizan los casos y retrasan las investigaciones. “El trabajo lo hacemos nosotros, no la autoridad”, afirmaron.
Horcasitas explicó que el crecimiento de colectivos responde directamente a la falta de atención institucional.
“Cada vez hay más colectivos porque cada vez hay más personas desaparecidas. Las familias se organizan porque no encuentran respuesta”, dijo.
Además, advirtió que miles de expedientes presentan información incompleta, lo que dificulta las búsquedas y refleja fallas estructurales en las instituciones.
También señaló que muchas familias se ven obligadas a integrarse a colectivos para poder acceder a atención, ya que de forma individual enfrentan obstáculos o indiferencia.
Los participantes cuestionaron la postura del gobierno federal frente al informe del Comité de la ONU, al considerar que descalificarlo retrasa la atención del problema.
Horcasitas advirtió que negar la ayuda internacional es un error, porque existen antecedentes en otros países donde el acompañamiento externo ha sido clave para resolver crisis similares.
“Afirmar que México puede resolver esto solo es faltarle a la verdad”, sostuvo.
Por su parte, Corcuera consideró que el Estado debería reconocer la magnitud del problema y aprovechar la cooperación internacional para atender la crisis forense, la impunidad y la prevención de desapariciones.
Durante la conferencia también se abordaron recientes hallazgos en sitios como Chalco, donde colectivos han localizado restos humanos, incluso en espacios que ya estaban bajo resguardo oficial.
Estos casos, señalaron, evidencian fallas en las investigaciones, falta de coordinación entre autoridades y deficiencias en los procesos forenses.
“Los hallazgos que hacen las familias deberían haberlos hecho las fiscalías”, señalaron.
Sobre la próxima visita del Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, Corcuera expresó que se espera un posicionamiento firme, centrado en escuchar a las víctimas.
Indicó que el proceso iniciado bajo el artículo 34 de la Convención podría derivar en acciones desde la Asamblea General, en un contexto donde la presión internacional cobra relevancia ante la magnitud de la crisis.
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