Víctimas de la prisión preventiva oficiosa sin sentencia en casos mediáticos, como Daniel García Rodríguez, Reyes Alpízar, Israel Vallarta Cisneros, Brenda Quevedo Cruz, Antonio Medina, entre otros, y unas 800 organizaciones y activistas buscan que los mexicanos opinen sobre la eliminación de la prisión automática y el arraigo en México.
Para ello, solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, que convoque a audiencias públicas o foros de consulta para discutir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenan al Estado mexicano quitar de la Constitución tanto la prisión preventiva oficiosa como el arraigo.
“Un grupo de ciudadanos, organizaciones y víctimas hemos presentado en la Suprema Corte de Justicia la petición formal exigiendo que se abra el espacio de foros o de consultas respecto a la discusión que ya está enlistada con los ministros respecto al cumplimiento de la sentencia de Corte Interamericana de los Derechos Humanos de Tzompaxtle Tecpile vs. México, García Rodríguez y Reyes Alpízar contra México y que principalmente tiene la orden de eliminar oficiosidad de la prisión preventiva en México”, señaló Daniel García Rodríguez.

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García Rodríguez, quien pasó más de 17 años preso sin sentencia por el asesinato de una regidora de Atizapán, Estado de México, en 2001, afirmó que existen víctimas de la prisión preventiva sin sentencia, como Israel Vallarta, liberado en agosto del año pasado.
Así como Brenda Quevedo Cruz, relacionada con el caso de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace, y Antonio Medina, de Presunto Culpable, entre otros, firmaron la petición que entregaron en la Corte.
“800 personalidades pudiéramos decir, porque son abogados, organizaciones civiles y de derechos humanos que nos han acompañado en esta petición. Es una petición justa, es una petición real y que además es urgente, necesaria para que la ciudadanía en México opine respecto a la urgente necesidad de que se elimine la violación de la presunción de inocencia, pero sobre todo que se le quite ya el negocio a la gente del Ministerio Público respecto a lo que sucede hoy en día con la prisión preventiva”, comentó en entrevista.
El abogado Simón Alejandro Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, afirmó que actualmente hay 42 mil personas presas sin sentencia.
“Está el caso de Jacobo Tagle que tiene 16 años en prisión, el de Israel Vallarta que estuvo 20 años en prisión y Brenda Quevedo Cruz que está actualmente en arraigo domiciliario. Actualmente hay 42 mil personas en esta situación siendo inocentes, pero con una medida profundamente autoritaria y son casos nada extraordinarios. Son consecuencia de una política punitiva, violatoria de derechos y que ha sido responsabilidad de todas las fuerzas políticas”.
Hernández León recordó que México está “en una situación de desacato a un par de sentencias internacionales tanto el caso Tzompaxtle Tecpile como García Rodríguez ya tienen cuatro años que se emitieron estas condenas donde se ordena suprimir de la Constitución tanto el arraigo como la prisión preventiva y hoy, a cuatro años, el Estado mexicano no ha dado señales de cumplimiento más bien ha habido retrocesos y una situación de responsabilidad agravada al seguir ampliando la prisión preventiva oficiosa por parte del Poder Ejecutivo que envió esta iniciativa el sexenio pasado, el Congreso de la Unión, las legislaturas locales, la totalidad de las fiscalías que han apoyado esta medida y hoy en día el único poder que no se ha pronunciado sobre esta sentencia internacional es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
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