Organizaciones nacionales e internacionales de defensa de la libertad de expresión denunciaron una presunta escalada de persecución judicial y uso arbitrario del derecho penal contra periodistas, comunicadores y voces críticas en San Luis Potosí, tras la detención de al menos tres personas relacionadas a medios digitales y la emisión de órdenes de aprehensión contra otras más por supuestos delitos vinculados con identidad digital e inteligencia artificial (IA).
En un posicionamiento conjunto, Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer A.C., Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras expresaron preocupación por las detenciones del creador de contenido Christian Herrera, administrador de la página “Código Rojo”; de la comunicadora Eréndira Reyes Aguillón, directora de “San Wicho Times”; y de Alejandra Hermosillo, funcionaria del área de Comunicación Social del municipio de San Luis Potosí.
Además, advirtieron sobre la existencia de órdenes de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora y titular de diferentes medios de comunicación en esta entidad.

Las organizaciones señalaron que los casos representan un posible uso arbitrario de los artículos 272 Bis y 272 Ter del Código Penal de San Luis Potosí, aprobados en noviembre de 2025, los cuales sancionan conductas relacionadas con manipulación de identidad digital y uso de inteligencia artificial.
De acuerdo con el comunicado, existe preocupación debido a que las investigaciones estarían relacionadas con la difusión de un video en redes sociales donde presuntos integrantes del crimen organizado señalan al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de posibles nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Dichas asociaciones civiles advirtieron que, de confirmarse esa hipótesis, existiría un problema de aplicación retroactiva de la ley, prohibida por el artículo 14 constitucional, porque el contenido habría sido publicado antes de la entrada en vigor de la reforma penal.
Acerca de Christian Herrera, denunciaron que permanece incomunicado en el Centro Estatal de Reinserción Social “La Pila” y alertaron de presuntas violaciones al debido proceso, al no existir claridad pública sobre los cargos en su contra.
En el caso de Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, acusaron irregularidades durante las detenciones, información contradictoria acerca de los delitos imputados y la imposición de prisión preventiva oficiosa en un caso vinculado con expresiones digitales.
Las organizaciones sostuvieron que el uso de figuras penales ambiguas y técnicamente imprecisas representa un riesgo para periodistas, activistas, administradores de páginas informativas y usuarios de redes sociales.
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Además, recordaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra dicha legislación.
“Las detenciones aquí documentadas presentan elementos preocupantes en materia de debido proceso y legalidad”, señalaron.
También advirtieron que el derecho penal debe ser el último recurso del Estado y no utilizarse como mecanismo para inhibir expresiones de interés público o castigar voces críticas.
Finalmente, las organizaciones exigieron a las autoridades de San Luis Potosí garantizar investigaciones con apego a derechos humanos, transparencia sobre la situación jurídica de las personas detenidas y respeto irrestricto a la libertad de expresión y libertad de prensa.
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