ONG expresan su solidaridad a María Amparo Casar

Analistas y organizaciones civiles expresaron su apoyo y solidaridad a la politóloga y catedrática María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien ha sido citada por un juez tras judicializar la Fiscalía General de la República (FGR) una acusación por presunto uso indebido de atribuciones.

El Frente Cívico Nacional (FCN), el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, al que pertenecen exconsejeros presidentes del INE y del IFE, así como los analistas Raúl Trejo Delarbre y Leonardo Curzio consideraron la formulación de la FGR una persecución política contra la activista.

La FGR procedió penalmente contra María Amparo Casar Pérez por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

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Fuentes federales indicaron que la académica está citada el próximo martes ante la jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Diana Selene Medina Hernández, para comparecer por el caso de la pensión vitalicia que obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de la muerte de su esposo hace 20 años.

Sobre este caso, el Frente Cívico Nacional expresó su absoluta solidaridad y apoyo a María Amparo Casar, “hoy perseguida políticamente” por la Fiscalía General de la República.

Para Raúl Trejo Delarbre, la acusación “es una reiterada e ignominiosa venganza política. El gobierno quiere castigar a una ciudadana de ejemplar lucidez e integridad”.

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Leonardo Curzio indicó: Van a tener muy complicado explicar que en el país “más democrático del mundo” se persigue a una académica prominente por el gravísimo delito “de cobrar una pensión” de viudedad.

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática indicó que “se trata de un ejemplo extremo de venganza hacia una ciudadana lúcida e íntegra, cuyo trabajo ha consistido en revelar y documentar la corrupción en nuestro país desde hace más de una década”.

La fiscalía, indicó el instituto, no debe, no merece ser utilizada para la represalia política, tal y como se comprometió la señora Ernestina Godoy [actual titular de la FGR] ante el Congreso.

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