Morena y aliados aprueban ley que permite inversión privada en infraestructura estratégica; oposición acusa tráfico de influencias

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general (por 359 votos a favor y 80 en contra) expedir la Ley para el Fomento de la inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para permitir la inversión privada en proyectos de infraestructura pública. La minuta fue enviada al Senado.

La mayoría también aprobó una reserva, por 315 votos a favor y 89 en contra, presentada por el diputado Carlos Ventura Palacios (Morena), para eliminar el artículo transitorio noveno, que establecía que los proyectos de inversión en infraestructura estratégica deben sujetarse a la Constitución, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y al Presupuesto de Egresos de la Federación.

El dictamen avalado señala que la nueva ley es necesaria ante la contracción del 28.4% en inversión pública en 2025, “la caída más severa en tres décadas”, y para aumentarla mediante la inversión mixta con recursos privados.

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“El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 plantea movilizar 5.6 billones de pesos, requiriendo 722 mil millones adicionales con respecto a la tendencia inercial, equivalentes al 4.4% del PIB. La magnitud de este esfuerzo exige un marco jurídico a la altura del desafío”, refiere el documento.

Sin embargo, los diputados de oposición aseguraron que la propuesta del Ejecutivo permite la discrecionalidad y el tráfico de influencias para otorgar contratos de infraestructura pública a “empresarios cercanos al régimen”.

El dictamen aprobado reconoce a las cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajador como sector social y les permite participar en los Esquemas de Participación Mixta.

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Permite la creación de Vehículos de Propósito Específico (VPE) como figuras jurídicas especializadas (fideicomisos, sociedades, mandatos) para aislar riesgos, emitir instrumentos bursátiles y canalizar ahorro institucional hacia infraestructura, “sin que su sola constitución implique deuda pública”.

Establece dos modalidades de participación mixta: contratación de largo plazo e inversión mixta; y crea el Consejo de Planeación Estratégica para la coordinación transversal de la inversión en infraestructura, presidido por la titular del Ejecutivo Federal, con participación de 12 dependencias y nueve invitados permanentes.

Carol Altamirano (Morena), presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, afirmó que la ley permitirá ampliar esquemas de financiamiento, y establecer reglas que den certeza a la participación de los sectores público y privado, garantizando en todo momento la rectoría del Estado y la protección del interés público.

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“Es la alternativa adecuada ante la necesidad de invertir para que México cuente con una infraestructura moderna, para lo cual se requiere movilizar más de 5.6 billones de pesos en proyectos estratégicos”, explicó.

En contraste, Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN, refirió que con el esquema propuesto, la participación de la inversión privada “se convierte en un sistema exclusivo que va a beneficiar solamente un grupo de empresarios afines al régimen”.

“Esta iniciativa propone proyectar obras y proyectos sin tener dinero, sin suficiencia presupuestaria, eso es sin duda es deuda disfrazada, esto va a comprometer a otras administraciones y va, sobre todo, a comprometer a las futuras generaciones hasta por 40 años endeudados”, dijo.

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El diputado Emilio Suárez (PRI) aseguró que la ley incorpora elementos que abren espacios de discrecionalidad, concentran decisiones y generan riesgos fiscales y presupuestarios relevantes.

“Se introduce un régimen presupuestario y financiero diferenciado que permite iniciar proyectos sin suficiencia presupuestaria, y bajo esquemas complejos de financiamiento. En un contexto de restricción fiscal, esto puede traducirse en sobrecostos, retrasos y mayores presiones futuras sobre las finanzas públicas, como ya lo hemos venido advirtiendo durante los últimos siete años”, comentó.

pjm