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Algunas lesbianas y bisexuales ocultan su orientación sexual durante su tránsito migratorio por Centroamérica y México para protegerse de la violencia sexual y de género advierte el reporte “Contabilizar para proteger”, elaborado por el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
De acuerdo con el documento, las personas LGBTIQ+ también enfrentan amenazas de grupos criminales como la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
Advierte que esta estrategia de protección contribuye a que una parte de la población LGBTIQ+ permanezca fuera de los registros oficiales, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) no generan estadísticas sobre orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales de las personas en movilidad.
Migrantes que cruzaron el río Bravo en Eagle Pass, Texas. Foto: AP
La falta de información ocurre pese a los niveles de violencia que enfrenta esta población desde sus países de origen.
El reporte señala que 88% de los solicitantes de asilo LGBTIQ+ de Honduras, Guatemala y El Salvador sufrió violencia sexual y de género antes de salir de sus países, mientras que 52% de las personas trans de Centroamérica huyó por discriminación y violencia relacionada con su identidad de género.
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Durante el tránsito por Centroamérica, 80% de las mujeres y 50% de las personas gay y trans enfrentan un riesgo elevado de violencia de género, que incluye violaciones, sexo transaccional, prostitución forzada, trata y agresiones sexuales, de acuerdo con las fuentes citadas por IMUMI.
Advierte además que la presencia de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 representa un “doble factor de riesgo” para las personas LGBTIQ+. Entre las modalidades de violencia documentadas se encuentran amenazas y extorsiones, así como homicidios relacionados con las dinámicas de las pandillas.
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En México, la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) registró 53 mil 435 personas en albergues durante 2023. Sin embargo, sus registros no permiten conocer cuántas pertenecen a la población LGBTIQ+; la variable de sexo contempla hombre, mujer y no binario.
El reporte sostiene que la ausencia de información impide conocer la magnitud de esta población, sus necesidades y las formas específicas de violencia que enfrenta.
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Migrantes de la comunidad LGBTQ+. Foto: Archivo
Entre las personas atendidas por organizaciones especializadas aparecen principalmente hombres gay y mujeres trans de entre 10 y 45 años, procedentes sobre todo de El Salvador, Honduras y Guatemala. En Tijuana también se ha observado un aumento de personas de Cuba, Venezuela, Colombia, Rusia y Ucrania.
En contraste, el informe identifica una menor visibilidad de lesbianas, bisexuales, hombres trans y personas intersexuales. En el caso de lesbianas y bisexuales, ocultar la orientación sexual puede convertirse en una medida de protección ante posibles agresiones.
El reporte documenta que en Honduras se registraron 543 muertes violentas de personas de la diversidad sexo-genérica entre 2004 y mediados de 2024, además de 532 casos de estigma y discriminación entre 2022 y junio de 2024.
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En Guatemala se registraron 31 muertes violentas por prejuicio en 2024 y 34 en 2023. Durante 2022 fueron acompañadas 159 personas LGBTIQ+ desplazadas y se documentaron 147 casos de violencia.
En El Salvador, durante el primer semestre de 2024, 137 personas LGBTIQ+ estuvieron entre 6 mil 426 víctimas de violaciones a derechos humanos.
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El documento recupera además 102 casos de desplazamiento forzado de personas LGBTIQ+ registrados en El Salvador en 2018. Las amenazas de pandillas representaron 33% de los casos; los intentos de homicidio relacionados con SOGIESC, 27%; la violencia física, 11%, y la violencia sexual, 9%. En 79% de los casos las pandillas fueron identificadas como responsables.
El informe plantea que el desplazamiento de esta población puede estar directamente relacionado con su orientación sexual o identidad de género y retoma el concepto de “sexilio”, entendido como una salida que no puede considerarse voluntaria cuando las condiciones de vida hacen imposible vivir de manera segura fuera de las normas heterosexuales y cisgénero.
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Entre las causas de desplazamiento identifica rechazo y expulsión del hogar, violencia intrafamiliar, terapias de conversión, matrimonios forzados, violencia en nombre del “honor”, exclusión económica y dificultades para acceder a servicios de salud.
El vacío estadístico también alcanza las encuestas nacionales. El reporte cita la ENADIS 2022, según la cual 22.8% de la población migrante de 15 años o más declaró haber sufrido discriminación durante los 12 meses anteriores. De ese grupo, 7% señaló que fue por su orientación sexual. La encuesta no incluye identidad de género.
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“La inexistencia de datos resulta en la falta de visibilidad y, por lo tanto, en ausencia de protocolos de actuación y políticas públicas específicas”, señala el documento.
Ante este escenario, IMUMI propone que la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación y la Comar incorporen variables de sexo asignado al nacer, identidad o expresión de género y orientación sexual, incluyendo opciones como “otra” y “prefiero no decir”.
También recomienda que el INEGI incorpore variables de movilidad en la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG)y variables SOGIESC en la ENADIS y la Encuesta sobre Migración en las Fronteras de México (EMIF).
nro/apr
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