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Con más de la mitad de la población ocupada en México laborando en la informalidad y sin acceso a seguridad social ni prestaciones de ley, las dependencias gubernamentales continúan otorgando beneficios que contrastan con la realidad de la mayoría de las y los trabajadores del país, y en las que han invertido más de 203 mil millones de pesos en prestaciones superiores a la ley.
Destacan prestaciones como apoyo para estudiar una licenciatura, becas, pago por dote matrimonial, y hasta “compensación por vida cara”, entre otras.
Cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revelan un mercado laboral segmentado. De los aproximadamente 61.9 millones de personas ocupadas en México, cerca de 33.1 millones (más de 54%) se encuentran en el sector informal, lo que implica que carecen de derechos laborales fundamentales como el aguinaldo y las vacaciones pagadas.
En contraste, el sector público, que emplea entre 5 y 6 millones de personas, (cerca de 10% de las personas ocupadas en el país) mantiene un régimen de prestaciones que incluye beneficios significativamente superiores.
Y de acuerdo con los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda, de enero a diciembre de 2025, la Federación erogó 203 mil 25 millones 4 mil 322 pesos para ese fin.
Dote Matrimonial, Becas y “Vida Cara”: El catálogo de privilegios
El gasto millonario del gobierno federal no se limita a las prestaciones básicas. La lista de beneficios adicionales que reciben los servidores públicos incluye conceptos que son inexistentes en el sector privado, tales como un apoyo económico por matrimonio; compensación por vida cara, un bono otorgado a trabajadores en zonas geográficas por alto costo de vida; becas para los hijos de los trabajadores, ayuda para útiles escolares y libros; días libres y bonos por el Día de la Madre, Día del Niño, Día de Reyes, del cumpleaños del trabajador y del maestro.
También destaca compensación por fidelidad laboral y prima de perseverancia; apoyo para lentes, aparatos ortopédicos y prótesis.
El aguinaldo o gratificación de fin de año es otro punto de contraste, ya que mientras la ley exige 15 días para el sector privado, muchos burócratas reciben una prestación equivalente a 40 días de sueldo.
Concentración del gasto en grandes instituciones
El desembolso de los 203 mil millones de pesos se concentra principalmente en grandes entidades. Las cinco instituciones que encabezan el gasto en estas prestaciones son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 77 mil 855 millones de pesos; Educación Pública con 19 mil 796 millones de pesos; Petróleos Mexicanos (Pemex) con 19 mil 432 millones de pesos; Comisión Federal de Electricidad (CFE) con 18 mil 921 millones de pesos; y Defensa Nacional con 7 mil 281 millones de pesos de gasto en prestaciones, aunque en todos los casos, el monto elevado también está relacionado con el alto número de personal con que cuenta cada institución.
La Secretaría de Marina erogó de enero a septiembre de 2024 5 mil 373 millones de pesos en prestaciones, entre las que destacan ahorro solidario, gratificación de fin de año, prima vacacional, prima dominical, becas, guarderías, pago por riesgo laboral, y asignaciones de vuelo para las tripulaciones aéreas.
En el Instituto Nacional de Migración (INM) gastaron, en el mismo periodo, más de 281 millones de pesos en prestaciones, entre las que se encuentran apoyos para compra de anteojos, lentes, aparatos ortopédicos, auditivos, silla de ruedas y prótesis; apoyo para gastos funerarios; asignaciones para el apoyo a la economía familiar; becas a los hijos de trabajadores; día del niño; y hasta gratificaciones para el “empleado del mes”.
Existe la prestación denominada “asignaciones por radicación en el extranjero” que consiste en una suma de dinero complementaria otorgada al personal radicado fuera de México. Las dependencias que lo otorgan son la Cancillería mexicana, así como las Secretarías de Hacienda y Economía.
En el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) destinaron 381 millones en prestaciones para sus empleados, entre ellas una “ayuda económica por uso de vehículo”, compensación otorgada por el uso del automóvil particular para ir a trabajar, cubriendo gastos de combustible, mantenimiento o desgaste.
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En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dieron, de enero a diciembre de 2025, más de 266 millones de pesos a los trabajadores por concepto de “compensación por fidelidad laboral” para reconocer la permanencia en la empresa; en tanto que dependencias y órganos desconcentrados como Banobras, Banco del Bienestar, Indep, y las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y Economía, gastaron entre 5 mil y 300 mil pesos cada una, para dar la prestación de “dote matrimonial” a sus trabajadores, consistente un apoyo económico diseñado para aliviar la carga financiera que implica formar una nueva familia.
La ayuda por matrimonio (dote matrimonial) a través del IMSS en México para 2025 equivale a 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), sumando aproximadamente tres mil 394 pesos mexicanos. Este apoyo se obtiene de la cuenta individual de Afore una sola vez, requiriendo 150 semanas cotizadas y acta de matrimonio civil.
La “compensación por vida cara” es un bono otorgado a trabajadores adscritos a zonas geográficas con un alto costo de vida: En el IMSS gastaron mil 159 millones de pesos para este fin, el Fonacot erogó 4.9 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad destinó 3 millones para el bono por vida cara.
La CFE también destinó más de 4.6 millones de pesos para dar a sus trabajadores un “apoyo para licenciatura”.
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Todas las prestaciones mencionadas están reguladas y son constitucionales; sin embargo, abonan al debate con respecto de la desigualdad laboral en el país.
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