Un juez federal absolvió a los últimos nueve marinos procesados en el caso de la desaparición forzada de 49 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrida en 2018, el último año de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. A los nueve elementos les iniciaron proceso por su relación directa con cuatro víctimas.
Con este fallo, la Fiscalía General de la República (FGR) suma cuatro juicios perdidos contra 30 integrantes de las Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Armada, acusados de participar en la desaparición de al menos cuatro personas durante operativos contra la delincuencia organizada en dicha ciudad fronteriza, entre febrero y mayo de 2018.
En el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, un juez dio carpetazo al asunto, por lo que ninguno de los 30 marinos detenidos queda en prisión.

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El asunto lo inició un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Tamaulipas, con sede en Reynosa, pero después se cambió a un juez de Ensenada.
De acuerdo con fuentes judiciales, la FGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), no presentaron los datos de prueba suficientes para que los elementos continuarán bajo proceso en la causa penal 155/2020 por el delito de desaparición forzada previsto en el artículo 27 y sancionado en el artículo 30 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
En abril de 2021, la Secretaría de Marina (Semar), encabezada entonces por el almirante José Rafael Ojeda Durán, puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) a 30 marinos por la desaparición forzada de cuatro personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, mismos que fueron vinculados a proceso por el juez de control con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Esta acción se llevó a cabo en estricto apego al protocolo de actuación, instrumentándose las acciones por parte de la FGR a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes”, informó la dependencia.
Indicó que las órdenes de aprehensión cumplimentadas contra su personal correspondían a los hechos ocurridos en Tamaulipas, que se encontraba desempeñando labores de vigilancia y disuasión.
Con el paso de los meses, los efectivos navales recuperaron su libertad, al obtener amparos y beneficios procesales.
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