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La Iglesia católica expresó su preocupación por las iniciativas legislativas, políticas públicas y resoluciones judiciales sobre el aborto y aseguró que es indispensable mantener una vigilancia permanente sobre aquellas que tienen implicaciones directas sobre la vida humana y la dignidad de la persona.
“Nos preocupan que algunas iniciativas sean presentadas como ampliaciones de derechos cuando, en realidad, pueden implicar la exclusión de otros seres humanos de la protección que el Estado está llamado a garantizar (…) La misión fundamental de las autoridades no es decidir qué vidas merecen ser protegidas y cuáles no, sino garantizar la defensa de toda vida humana y promover condiciones que permitan a cada persona desarrollarse plenamente”, dijo.
A través de su editorial Desde la Fe, indicó que la defensa de la dignidad humana no puede quedar reservada únicamente a especialistas, legisladores o jueces, sino que corresponde también a las familias, a las comunidades, a las organizaciones sociales y a cada ciudadano vigilar que las leyes y las instituciones estén verdaderamente al servicio de la persona.
“El valor de una sociedad se mide, entre muchas cosas, por la forma en que protege a quienes menos pueden defenderse por sí mismos”, manifestó.
En ese sentido, enfatizó que toda sociedad democrática tiene la obligación de reflexionar cuidadosamente sobre cualquier iniciativa que pueda debilitar la protección de la vida humana, especialmente cuando se trata de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“Más allá de las posiciones ideológicas o religiosas, el hecho mismo de que miles de ciudadanos hayan expresado preocupación por sus posibles consecuencias demuestra que existe una conciencia creciente sobre la necesidad de participar activamente en los asuntos públicos cuando está en juego la protección de la vida humana”, señaló.
Resaltó que, aunque existen debates éticos, filosóficos y jurídicos sobre las implicaciones de este hecho, “resulta innegable que la pregunta sobre cómo proteger la vida en sus etapas más tempranas merece ser tratada con profundidad, y nunca reducida a consignas ideológicas o intereses políticos”.
Adicionalmente reconoció que muchas mujeres enfrentan circunstancias extremadamente difíciles durante un embarazo: pobreza, abandono, violencia, discriminación o falta de apoyo familiar.
Por ello, consideró que la respuesta de la sociedad verdaderamente humana no debería consistir únicamente en ofrecer soluciones que terminen con una vida, sino en construir redes de apoyo que permitan proteger simultáneamente a la madre y al hijo.
Acusó también que gracias a los repetidos intentos de justificar las iniciativas proaborto se le ha abierto la puerta a nuevas realidades, como mayor discriminación hacia la mujer embarazada, mayor irresponsabilidad de hombres que embarazan a la mujer, mayor riesgo de abuso sexual sin consecuencia alguna hacia los violentadores, mayores riesgos psicológicos y de depresión en las mujeres que recurren al aborto creyendo que les resolverá un problema, y mayor riesgo de mortalidad materna.
“La verdadera justicia social exige acompañamiento, atención médica, respaldo económico, protección laboral y entornos seguros para la maternidad”, concluyó.
em
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