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La magistrada en retiro María Emilia Molina de la Puente, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores, analiza con preocupación los nuevos lineamientos federales para los derechos de las audiencias, calificándolos como un mecanismo de control estatal que fomenta la censura y la autocensura.
En entrevista, como parte del debate sobre el derecho de las audiencias convocado por EL UNIVERSAL, la también catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sostiene que las disposiciones contienen una carga importante de ambigüedad y discrecionalidad, lo que permitirá al gobierno decidir qué información es verdadera.
Molina de la Puente afirma que lo anterior “atenta contra el bloque de constitucionalidad y los tratados internacionales”.
Asimismo, augura una ola de recursos contra los lineamientos, pero advierte que derivado de la reciente reforma judicial “se ha mermado drásticamente la independencia de los jueces de distrito y de la Suprema Corte”.
Asegura que debido a esto y a la supermayoría oficialista en el Congreso, las acciones de inconstitucionalidad “no pasarán”, y las impugnaciones por la vía del amparo serán difíciles de ganar.
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¿Qué opinión tiene sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias que impulsa el gobierno federal?
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—En lo personal, me parece que es algo muy preocupante que el Estado intente administrar el derecho a la libertad de expresión, tanto en la forma y el contenido que se ofrece o que se puede expresar, como en aquella información que se puede recibir. Creo que la línea entre eso y la censura es muy delgada en el contexto que estamos viviendo en México. Sí resulta preocupante.
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¿Considera que realmente estos lineamientos resuelven ciertos problemas como lo es la desinformación?
—No, me parece que la libertad de expresión no debería tener estas intervenciones por parte del Estado para hacer una administración del contenido. Yo creo que respecto a las formas de identificación de las noticias falsas, ciertamente hay un momento complicado en el mundo porque la inteligencia artificial y las redes sociales propician que haya información no verificada.
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Sin embargo, más allá de alertar para que se tenga una información completa, lo que debe hacer el Estado no es administrar o decir qué puede decirse o qué no, o qué puede salir a la luz y qué no. Lo que tendría que suceder, en todo caso, es que hubiera máxima transparencia de la actividad del Estado y que esa máxima transparencia permitiera que existieran datos verificables de cualquier cosa que se diga.
Lo que tenemos hoy es exactamente lo contrario: información que se reserva por cualquier causa. Obviamente, la eliminación del Inai y la falta de independencia del Poder Judicial, concatenados, lo que hace no es que haya un vacío legal, sino un vacío de transparencia.
Hay quienes hablan de inconstitucionalidad en el contenido de los lineamientos, sobre todo en el tema de las sanciones. ¿Usted ve algunos vacíos que superan a lo que se contiene en la Carta Magna?
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—Sí, me parece que hay cosas que están en franca contraposición, no solamente con lo que dice la Constitución, sino con el marco completo o del bloque de constitucionalidad. Recordemos que, a partir de la reforma de 2011, el artículo 1 establece como bloque de constitucionalidad —respecto de lo que debe verificarse en los actos de autoridad, incluidos estos que son materialmente legislativos como los lineamientos— el principio de regularidad constitucional, donde también entran los tratados internacionales.
Por lo tanto, los estándares nacionales e internacionales respecto de la libertad de expresión no están respetándose, como en la mayor parte de las reformas que hemos estado viendo últimamente.
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El gran problema será si habrá jueces suficientemente independientes para hacer que se respete esto, o si tendrá que hacerse, como en otros casos, todo el litigio en sede internacional, con la preocupación de que no se cumplan las sentencias internacionales, como está ocurriendo con el tema de la prisión preventiva oficiosa.
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¿Considera que estos criterios invaden la competencia del Poder Judicial?
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—Siempre ha habido algunas facultades de las autoridades administrativas para imponer cierto tipo de sanciones en diferentes temas. El gran problema es que sea respecto a esto; ningún poder debería coartar la libertad de expresión. Lo cierto es que a través de juicios se puede ejercer cierto tipo de acciones para que haya un respeto al derecho de réplica, por ejemplo, que tienen las personas, no el gobierno.
En caso de que no se respete, se puede recurrir a sanciones, incluso de responsabilidades patrimoniales, civiles y morales, respecto de lo que se dice equivocadamente.
Pero el hecho de que el Estado, a través del propio Ejecutivo, determine que una información no se puede dar a conocer, que pueda señalarse como una noticia incorrecta y que, incluso, pueda tener sanciones graves, lo que provoca —y está documentado a nivel internacional— es una inhibición de la información. Entonces, se genera una autocensura porque, para evitarse una multa o sanción, se deja de informar, de hacer periodismo, se deja de hablar o de expresar ideas.
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¿Advierte una ola de amparos en esta materia?
—Vendrán muchos juicios de amparo. Yo considero que deberían ser los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa. Pero el gran tema que tenemos hoy es justo la falta de independencia de los jueces de Distrito, que están en su mayoría alineados ya con Morena debido a que nacieron de esta reforma judicial.
Creo que la falta de capacidad técnica que hemos estado documentando, pero sobre todo la falta de independencia, puede llevar a que estos amparos se desechen. No habrá esa protección a través del juicio de amparo como estábamos acostumbrados.
¿Cómo garantizar que estos juzgadores que atiendan las quejas las resuelvan con independencia?
—Hoy por hoy ya no tenemos muchas posibilidades de lograrlo. Lo que estamos viendo es al Tribunal de Disciplina Judicial sancionando a jueces por emitir criterios incómodos al gobierno.
Es el mismo patrón que se está repitiendo, lo que hace es que cada vez existan menos voces incómodas al gobierno y menos contrapesos. Después de la implementación de la reforma judicial, el único contrapeso serio que podríamos tener son los medios de comunicación.
Un gobierno autoritario como el que tenemos necesita quitar ese contrapeso también, porque sabe que es el incómodo, el que saca la información. Como ya no tenemos fiscalías ni poderes judiciales independientes, necesitan que tampoco existan los medios de comunicación independientes.
¿Cuáles considera que van a ser los argumentos legales más recurrentes que presenten las empresas de radio y televisión para impugnar estas obligaciones?
—Una de ellas es la acción de inconstitucionalidad, el problema de ello es que la oposición ya no tiene los números debido a la supermayoría, eso elimina dicha opción, queda entonces el amparo. En ambos casos las defensas jurisdiccionales estarán muy cuesta arriba, pero de todas maneras habría que intentarlo y dejar evidencia y constancia para el futuro, dejar documentado que intentó defender de todas las maneras posibles los derechos y cómo es que se han estado destruyendo poco a poco.
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