Ing. Alfredo Esteban Ibañez García
Integrante del Comité de Normatividad y Enlace Legislativo del CICM
“La mejor manera de predecir el futuro es creándolo”. Peter Drucker
Nuestro país enfrenta retos y oportunidades que definirán el rumbo para las siguientes décadas. Los modelos económicos globales obligan a las naciones a posicionarse estratégicamente de cara al futuro, integrándose a las cadenas globales de suministro. Nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos de América, geoestratégicamente ha decidido tener mayor autonomía sobre sus cadenas de valor ante eventuales riesgos futuros. Estas acciones propician que empresas de clase mundial busquen asentarse en países que aporten mayor valor agregado a su inversión. Costos de operación, infraestructura adecuada, seguridad jurídica, estabilidad económica y social, serán los factores principales para la toma de decisiones de los inversionistas.
A través del Plan de Inversión en Infraestructura 2026-2030, el gobierno federal tiene como objetivo primordial generar las condiciones adecuadas para incentivar la participación del sector privado nacional y extranjero en nuestro país. El desarrollo de la infraestructura necesaria (agua potable, líneas de drenaje, vialidades y transporte urbano, generación y distribución de energía eléctrica, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos) es un punto crítico para establecer condiciones favorables para la inversión privada.
Para la ejecución de estos proyectos, la normatividad aplicable será principalmente la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar (LFIIEDB). Resulta indudable que la implementación de procesos administrativos confiables, eficientes y transparentes por medio de la LFIIEDB, permitirá que los inversionistas tengan un marco de referencia para la evaluación integral de los proyectos. Los rubros más importantes de esta ley son los siguientes:
La planeación y definición de los proyectos prioritarios estarán a cargo de un Consejo de Planeación Estratégica, donde podrán participar órganos colegiados especializados cuando la complejidad del proyecto lo amerite. Esto generará un análisis técnico y un criterio independiente sobre la viabilidad de los proyectos. La ley contempla la creación de grupos de trabajo para robustecer la evaluación del proyecto. De acuerdo con el tipo de proyecto, se definirá el vehículo de propósito específico (VPE) pudiendo ser a través de fideicomisos, sociedades o fondos que administren los activos del proyecto.
Un aspecto relevante es la participación de un comité de análisis de riesgos, el cual examinará los riesgos por diseño, construcción, operación, financieros, de demanda, regulatorios, ambientales y sociales; desarrollando una matriz de distribución de riesgos que podrá incluirse parcial o totalmente al contrato respectivo. Este comité tendrá la facilidad de coordinarse con las dependencias encargadas de asuntos ambientales, asuntos de seguridad, asuntos sociales, asuntos patrimoniales y asuntos financieros. Ningún proyecto está exento de eventualidades que afecten su desarrollo en cualquiera de sus fases de ejecución, siendo los más comunes los problemas sociales y la tenencia de la tierra. La solución expedita evitará incrementos en tiempo o costo, que pudieran incidir en la viabilidad del proyecto.
Para cumplir con el objetivo de transparencia, se contempla la creación de una base de datos con proyectos estratégicos que incluirá indicadores de desempeño, reportes periódicos, mecanismos de asignación. Dicha base de datos servirá para evaluar y dar seguimiento a los proyectos en tiempo real.
Para la solución de controversias, la LFIIEDB plantea esquemas de mediación a través de un comité independiente que sea práctico y genere soluciones viables para las partes, sin burocratismos y tiempos excesivos. Se tratará de evitar procesos legales que afecten la dinámica de proyecto, privilegiando una negociación justa.
Respecto a las inversiones por sector, más del 50% se destinará al sector energía, siendo la energía eléctrica, estratégica y fundamental para detonar la capacidad industrial del país. El sector inmobiliario registra un mayor requerimiento de naves industriales disponibles, impulsado por la industria metalmecánica, automotriz, logística y comercio electrónico. Las variables de decisión para ubicarse en un corredor industrial específico serán contar con infraestructura eléctrica, vías de acceso disponibles y seguridad.
El país requiere ampliar su capacidad de generación de energía y, de forma simultánea, modificar gradualmente su matriz energética, como se acordó en la Conferencia COP28 para la transición hacia energías renovables. En México, aproximadamente el 75% de la energía es generada utilizando combustibles fósiles.
Para satisfacer la demanda probable, se requiere ampliar y modernizar las redes de transmisión que permita la incorporación de energías renovables y tengan la capacidad necesaria para los requerimientos futuros.
Las áreas de oportunidad para las inversiones mixtas estarán en la generación de energías renovables, ya que el gobierno federal para 2030 tiene como objetivo generar el 38% con estas tecnologías.
La gestión eficiente y expedita del plan de infraestructura, aunado a condiciones de certidumbre económicas y sociales, posicionará a nuestro país dentro de las áreas de oportunidad de los inversionistas; lo cual generará un ciclo de crecimiento sostenido en los siguientes años, permitiendo el desarrollo equilibrado que mejore los niveles de vida de toda la sociedad.