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El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, no se presentó a la audiencia donde se definiría su situación jurídica debido al incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 hombres, otros 27 sufrieron lesiones permanentes y 15 mujeres sobrevivieron.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón decidió aplazar la audiencia sin fijar una nueva fecha y sin imponer alguna sanción al exfuncionario por su ausencia, denunciaron organizaciones que acompañan a sobrevivientes y familiares de las víctimas.
De acuerdo con un comunicado del Instituto para las Mujeres en la Migración, la Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, la Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción, el excomisionado pidió unas horas antes participar en la diligencia de forma virtual.
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Estas organizaciones consideraron que dicha petición fue un “acto visible de indiferencia por el proceso” y un nuevo revés para las personas sobrevivientes y las familias de quienes perdieron la vida.
Después de 18 meses, el juzgador encargado del caso evaluaría si el exfuncionario había cumplido las condiciones impuestas con el fin de brindarle la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
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Según estas últimas organizaciones, la finalidad de dicho recurso era que Garduño quedara exento de responsabilidad penal por el incendio, al que calificaron como una tragedia evitable.
A dos años del incendio que cobró la vida de 40 migrantes, las instalaciones de la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez siguen como quedaron el día de la tragedia. Foto: de PAOLA GAMBOA. EL UNIVERSAL
Revocan asesoría jurídica de la CEAV
Durante la identificación de las víctimas que participarían a distancia en la audiencia, una representante de la familia de un ciudadano guatemalteco fallecido revocó la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
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La familia argumentó que la Comisión no le dio acompañamiento real ni protegió sus derechos a la información y la justicia, por lo que entregó su representación a las organizaciones que acompañan a otras familias y sobrevivientes.
Los colectivos dieron a conocer que representan a 10 sobrevivientes y a 10 núcleos familiares de personas fallecidas. Consideraron que la inasistencia del exfuncionario no fue un simple contratiempo de agenda, más bien una muestra de desprecio por un procedimiento judicial que él mismo solicitó y una falta de respeto hacia las víctimas y sus países de origen.
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“En México, la justicia es selectiva, pues a ninguna de las personas imputadas por esta tragedia se le ha dado el trato de privilegio y permisividad, amparada por el Estado mexicano, que hoy se le reserva al excomisionado del INM”, acusaron.
Finalmente, las organizaciones aseguraron que continuarán acompañando a las víctimas en sus exigencias de verdad, justicia y reparación integral del daño hasta que, afirmaron, “la impunidad deje de ser la regla”.
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