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FGR: los sobrinos Farías ejecutaron a tres marinos; también les atribuye asesinato de un fiscal

Atribuye a la red encabezada por los sobrinos de Rafael Ojeda la ejecución de tres integrantes de la Marina y una empleada de la fiscalía de Colima que habrían denunciado el huachicol fiscal

El contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL
22/05/2026 |03:21
Daniela Wachauf
reportera de la sección NaciónVer perfil

La Fiscalía General de la República (FGR) atribuye a la organización delincuencial liderada por los—sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina — la muerte de tres marinos y una exempleada de la Fiscalía General de Colima.





En la solicitud de la orden de aprehensión contra 14 personas acusadas por delincuencia organizada y algunas por contrabando, cuya reformulación pidió la juez de Control Mariana Vieyra Valdés, la FGR expone que la célula delictiva recurre a métodos de extrema violencia para proteger sus intereses, al grado de que las personas que se niegan a colaborar o que intentan denunciar el modus operandi de la empresa criminal son privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.

Las investigaciones refieren que la organización criminal del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece en el penal de El Altiplano, y el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina para su extradición a México, relacionados a una red de huachicol fiscal, podía identificar de manera inmediata a las personas que los denunciaban, así como anticiparse a las acciones de la autoridad, particularmente en las aduanas donde ejercían control.

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Quienes intentaban denunciar la operación de la empresa criminal eran privadas de la vida como mecanismo de intimidación, control y silenciamiento, a efecto de evitar su detección y desarticulación.

En el informe se identifican como víctimas de ejecución al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B, adscrita a la delegación de la FGR en Colima; el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, y el capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

“Quienes habrían sido privados de la vida por denunciar el funcionamiento irregular de esta empresa criminal, dedicada a ingresar ilícitamente hidrocarburos al territorio nacional mediante redes de corrupción en aduanas.

“De manera particularmente relevante, se involucra directamente a Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna con la muerte del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, elemento de la Secretaría de Marina, quien habría denunciado la existencia y operación de la red de huachicol fiscal que ambos lideraban”, detalla el expediente al que tuvo acceso EL UNIVERSAL.

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Fernando Rubén Guerrero fue ejecutado cuando conducía su camioneta en Manzanillo, Colima. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

La ejecución se efectuó en noviembre de 2024, cuando el contralmirante conducía su camioneta en la ciudad de Manzanillo, Colima, y se vincula con la denuncia que había realizado ante el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Según los registros de investigación, Guerrero Alcántar redactó una carta dirigida al entonces secretario, en la cual señaló que “los Farías” manejaban las designaciones de elementos navales, con el propósito de colocar a personas de su confianza en puestos clave dentro de las aduanas, a fin de operar su red de huachicol fiscal.

Previamente a su ejecución, “el contralmirante se reunió con el almirante Raymundo Morales en octubre, y posteriormente informó a personal de la Secretaría de Marina sobre su periodo vacacional. Señalando con precisión los lugares en los que estaría durante esos días, particularmente Manzanillo y Mazatlán”, dice la solicitud de la orden de aprehensión.

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Los datos de prueba se desprenden de que la información sólo era del conocimiento de personal de la Semar, circunstancia que facilitó su ubicación y ejecución, a fin de silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional de la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías Laguna, quienes tenían protección derivada de su parentesco con Ojeda Durán.

En el caso de Magali Janet Nava Ramos, auxiliar B adscrita a la delegación de FGR en Colima, fue privada de la vida en octubre de 2024, luego de denunciar a los hermanos Farías Laguna. El documento hace mención de que Nava Ramos mantenía una relación sentimental con Ángel Pérez, quien pertenecía a la Semar y su hermana trabajaba en la agencia aduanal de Colima; le hicieron del conocimiento el modus operandi mediante el cual operaba la red de huachicol fiscal en la aduana de Colima.

“Dicha información resultó relevante en tanto permitió a la víctima identificar la estructura, participación de autoridades y el mecanismo de introducción ilícita de hidrocarburos, circunstancia que la colocó en una situación de alto riesgo, culminando en su ejecución como acto de represalia y silenciamiento”, se sostiene en la causa penal.

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Se abunda que las muertes de Guerrero Alcántar y Nava Ramos guardan una relación fáctica, toda vez que ambas ejecuciones se realizaron bajo el mismo modus operandi. Éste consistió en el uso de armas de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros Luger, así como la participación de dos sicarios a bordo de una motocicleta y la coadyuvancia de sujetos a bordo de un vehículo, lo que evidencia un patrón de ejecución profesional y coordinado, propio de una organización criminal con capacidad operativa y de inteligencia.

En septiembre de 2025, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez fue localizado sin vida en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien guardaba relación directa con la red de huachicol fiscal. “De los datos obtenidos durante la investigación se desprende que el occiso recibía sobornos por la cantidad de 100 mil pesos por cada buque con hidrocarburo ilícito que arribaba al recinto portuario de Tampico, Tamaulipas, con la finalidad de permitir su ingreso y facilitar la descarga de los buques provenientes de Estados Unidos”, precisa el expediente.

La Fiscalía General de la República considera que este conjunto de hechos acredita no sólo la operación permanente, organizada y jerárquica de la empresa criminal, también su elevada peligrosidad debido al uso sistemático de la violencia letal como mecanismo de protección del negocio ilícito, control territorial y silenciamiento de denunciantes, lo que incrementa exponencialmente el riesgo social y la necesidad de una respuesta penal inmediata y contundente del Estado.

Se tiene conocimiento de que la muerte del capitán de navío Adrián Omar del Ángel Zúñiga guarda relación con la red criminal dedicada al huachicol fiscal.

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