Especialistas llaman a fortalecer protección laboral en revisión del T-MEC; piden evaluar alcances sociales del tratado

La revisión anual del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe ir más allá de los temas comerciales y colocar en el centro la agenda social de la región, particularmente los derechos laborales, la libertad sindical y la protección de los trabajadores, señalaron especialistas reunidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la mesa de diálogo “Una agenda social del T-MEC”, organizada por el Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), el coordinador de esa instancia, Alfredo Sánchez Castañeda, sostuvo que la decisión de los tres gobiernos de someter el acuerdo a una revisión periódica vuelve prioritario discutir los alcances sociales y laborales del tratado.

El académico recordó que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte existieron acuerdos paralelos en materia laboral y ambiental, antecedentes que dieron paso a las disposiciones incorporadas posteriormente en el T-MEC. Explicó que, mientras en México el debate suele centrarse en los derechos laborales y de seguridad social, en Estados Unidos la discusión se enfoca en la relación entre esas garantías y las posibles barreras al comercio.

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En el encuentro, el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, José Pablo Hernández Ramírez, advirtió que temas fundamentales como el trabajo forzoso y la debida diligencia empresarial prácticamente no han sido abordados en las discusiones sobre la revisión del acuerdo comercial. Explicó que la debida diligencia implica que las empresas identifiquen, prevengan y mitiguen riesgos que afecten los derechos laborales y humanos de los trabajadores, tanto en sus operaciones directas como en sus cadenas de suministro.

Por su parte, el profesor de Derecho del Trabajo de la UNAM, Juan José Díaz Mirón, afirmó que el T-MEC contiene las cláusulas laborales más relevantes incluidas hasta ahora en un tratado comercial internacional. Consideró que el acuerdo representa una auténtica agenda social para la región, al establecer un piso mínimo de protección normativa para los trabajadores de los tres países.

El agregado laboral de la Embajada de Estados Unidos en México, Mauricio Cortés, precisó que los capítulos laboral y ambiental atraviesan actualmente un proceso de revisión y no de renegociación, en medio de las discusiones sobre el futuro del tratado.

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A su vez, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Manuel Fuentes Muñiz, señaló que cualquier diálogo social sobre el T-MEC requiere reconocer que el comercio internacional tiene efectos directos sobre las condiciones laborales, los salarios y la calidad de vida de las personas.

El especialista cuestionó además la postura que ha adoptado el gobierno mexicano frente al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, una de las herramientas más innovadoras del acuerdo. Afirmó que este instrumento ha contribuido a abrir espacios para la libertad sindical y la contratación colectiva, pero acusó que recientemente se han registrado intentos por obstaculizar su funcionamiento y limitar avances vinculados con esos derechos.

Durante la mesa de análisis, Claudia Patricia Juan Pineda, consultora legal de organizaciones sindicales e integrante de la comunidad zapoteca, expresó preocupación por la postura asumida por Estados Unidos frente al cumplimiento de normas internacionales. Recordó que principios recogidos en la Convención de Viena, como Pacta sunt servanda y Bona fide, obligan a los Estados a respetar los compromisos adquiridos y actuar de buena fe.

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Destacó que otros acuerdos internacionales suscritos por México, particularmente con Europa, avanzan hacia esquemas que exigen a las empresas cumplir estándares de derechos humanos y laborales en todas sus cadenas de suministro y operaciones transnacionales, un modelo que, consideró, debería formar parte de la discusión sobre el futuro del T-MEC.

Los participantes coincidieron en que la revisión del acuerdo comercial representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de protección laboral y ampliar la agenda social de América del Norte, en un contexto marcado por nuevas exigencias sobre derechos humanos, libertad sindical y responsabilidad empresarial.

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