A tan solo unos días de haber tomado posesión, y con los cadáveres de sus compatriotas todavía tibios tras el devastador sismo, el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, entregó por segunda ocasión (y quizás, para siempre) la seguridad nacional de Colombia en manos de los americanos. El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles 12 de agosto de 2026 el cumplimiento de una de las promesas de campaña de Espriella, la incorporación de Colombia a la alianza Escudo de las Américas (coalición similar en sus alcances y objetivos a las dos coaliciones que invadieron Irak durante el gobierno de Saddam Hussein) y la autorización plena e irrestricta para la conducción de ataques kinéticos (con drones, misiles Tomahawk y unidades aerotransportadas) en contra de las organizaciones narcoterroristas.
Colombia, al parecer, ha olvidado por completo las lecciones aprendidas con sangre del siglo XX. La época del auténtico narcoterrorismo, con bombazos y secuestros en contra de su Suprema Corte, su capital, sus policías, militares, jueces y fiscales, la época de Pablo Escobar, pionero de los atentados contra la seguridad de la aviación.
Colombia, epicentro del dolor latinoamericano y primer país en cobijarse plenamente, sin reservas, a los dictados de Estados Unidos y de la OTAN en materia de operaciones antinarcóticos tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, hoy vuelve a tropezar con la misma piedra: pensar que existe tal cosa como una victoria en la guerra contra las drogas, la guerra contra el placer.
La guerra contra las drogas, aunque fue concebida por el puritanismo estadounidense y su patológica (pseudo teológica) aversión al placer, se vive y practica no dentro de sus fronteras sino hacia el exterior. Los muertos de la guerra contra las drogas no están en los Estados Unidos, están en las calles de Ecuador, Colombia, El Salvador, Haití, México, Vietnam, Cambodia, Afganistán, y todos los otros centros de producción y tránsito de sustancias psicoactivas. Es cualitativa y moralmente distinta la muerte de un hombre por su propia falta de autocontrol a la de quien muere porque estructuralmente su país está condenado a ciclos de violencia alimentados por flujos de armas y dinero de otras latitudes.
Adelanto que esta campaña militar fracasará. Primero, porque empíricamente, la anterior, la de la época en que incluso Colombia fue premiada con el estatus de ‘socio estratégico’ de la OTAN, no acabó con las guerrillas (tampoco el acuerdo de paz, por cierto). Fue una campaña intensa, casi toda la segunda mitad del siglo XX, donde toda la maquinaria militar y de inteligencia estadounidense tuvo acceso irrestricto al territorio colombiano por décadas (no pueden argumentar que dicha campaña fracasó por falta de colaboración o de voluntad política de los colombianos).
Segundo, porque si nadie le ha avisado a don Pete Hegseth, el principal negocio de los cárteles en Sudamérica no es ya el narcotráfico, sino la minería ilegal. Ya bastante estiraron la liga autorizando ataques a lancheros que, sin representar una amenaza actual e inminente a la vida de nadie, son ejecutados sin juicio. Le deseo mucha suerte al señor Hegesth explicando a la Suprema Corte o a la Corte Penal Internacional que también análogamente se puede lanzar un ataque preventivo contra una excavadora o un grupo de mineros furtivos porque ‘financian al terrorismo’. La liga es larga, flexible, pero se puede romper, y a quienes hayan facilitado su ruptura, se les juzgará por delitos de lesa humanidad (cargos como los que enfrenta ahora, el señor Netanyahu).
Director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos.
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